La situación fiscal de México en 2024 está en un punto crítico, con un déficit presupuestario del 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el más elevado en tres décadas, y una deuda pública que se estima en 57.7% del PIB. Estas cifras alarmantes revelan un contexto económico donde las políticas fiscales expansivas del gobierno anterior, dirigidas a estimular la economía, no han logrado evitar un aumento preocupante del déficit. De hecho, ni siquiera durante la pandemia, cuando los gobiernos globalmente aplicaron medidas expansivas recomendadas por el FMI, México había registrado un déficit tan alto como el actual.
El FMI confía en que la nueva administración tomará medidas de consolidación fiscal para reducir el déficit al 3.5% del PIB en 2025, y eventualmente al 2.7% para 2026-2029. Sin embargo, esto implicará ajustes significativos que afectarán tanto los ingresos públicos como el gasto, elementos esenciales para evitar que la deuda siga en una tendencia ascendente, con proyecciones que indican que esta alcanzará el 58.1% del PIB para 2029.
El problema radica en que retrasar estos ajustes podría resultar extremadamente costoso, como advierte Vitor Gaspar, director de asuntos fiscales del FMI. La lección aquí es que los ajustes fiscales oportunos no solo resultan menos costosos, sino que también son más efectivos cuando se implementan con una estrategia transparente. En este sentido, se destaca el ejemplo de India y su estrategia de “Triple T” (Impuestos, Tecnología y Transparencia), que ha demostrado cómo la tecnología puede ser utilizada para mejorar la eficiencia de la recaudación fiscal y la transparencia en la administración de los ingresos.
Uno de los desafíos principales para México es el diseño de un ajuste fiscal que no solo reduzca el déficit, sino que también lo haga de manera que promueva el crecimiento económico y reduzca la inequidad. Los expertos del FMI sugieren que los impuestos al consumo progresivos, los recortes selectivos en el gasto público, o incluso la eliminación de subsidios a la energía, podrían ser herramientas útiles para lograr este objetivo sin dañar el bienestar general de la población. Sin embargo, estas medidas deberán ser cuidadosamente calibradas para evitar impactos negativos en el crecimiento y asegurar que no se amplíen las brechas de desigualdad.
La economía mexicana se enfrenta a un futuro incierto y desafiante, con riesgos económicos que van desde una posible desaceleración en Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales, hasta los efectos impredecibles de las reformas institucionales que podrían afectar la estabilidad del Estado de derecho. Además, las recientes reformas judiciales, como la elección popular de jueces a partir de 2025, han generado incertidumbre sobre la capacidad de México para mantener un entorno económico estable y predecible.
En resumen, México está en una encrucijada crítica en términos de su estabilidad económica. Los próximos pasos que tome el gobierno entrante serán decisivos no solo para estabilizar el déficit y la deuda, sino también para garantizar que las políticas implementadas promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible. De no hacerlo, el costo podría ser demasiado alto, no solo en términos económicos, sino también en términos de bienestar social y estabilidad a largo plazo.
