La coalición que sostiene al gobierno federal enfrenta un momento de fricción abierta. Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador general de Política y Gobierno en la Presidencia, afirmó que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se oponen a la reforma electoral no por convicciones democráticas, sino porque les duele perder control y recursos públicos.
La declaración, hecha en entrevista radiofónica, provocó una respuesta inmediata y clara de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Monreal rechazó de manera explícita la interpretación de Zaldívar y llamó a actuar con prudencia. “No puedo avalar ese dicho”, señaló, y pidió que prevalezca la tolerancia: “Actuemos con moderación, no nos ofendamos, no nos descalifiquemos. Mejor discutamos con razones y argumentos”.
El trasfondo es la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso. Entre sus puntos centrales destacan la reducción del financiamiento público a los partidos y la modificación en los mecanismos de asignación de diputados y senadores de representación proporcional. Para el PT y el PVEM estos cambios afectan directamente su capacidad de supervivencia parlamentaria y financiera. Legisladores de ambos partidos han advertido que sin ajustes no acompañarán la propuesta, aunque insisten en que la alianza política rumbo a 2027 se mantiene firme.
Zaldívar, por su parte, defiende la reforma como un paso necesario para eliminar privilegios y fortalecer la representatividad ciudadana. Sin embargo, sus palabras han sido leídas por algunos como un obstáculo innecesario justo cuando se busca construir consensos. Monreal ha recordado que PT y PVEM han acompañado a Morena en casi el 90 por ciento de las iniciativas relevantes y que los desacuerdos deben resolverse sin descalificaciones previas.
El episodio adquiere mayor relevancia si se recuerda una declaración anterior del mismo Zaldívar. Al criticar al movimiento Somos México, lo calificó como “la derecha avergonzada de su pasado” por incorporar a ex consejeros electorales a la actividad partidista. La observación resulta llamativa en alguien que dejó la Suprema Corte para incorporarse a la campaña presidencial de Sheinbaum y ocupar después un cargo de confianza en el Ejecutivo.
El intercambio revela dos visiones contrapuestas dentro del oficialismo. Una prioriza la pureza del proyecto transformador y ve en los aliados a posibles obstáculos a la democratización. La otra, más pragmática, considera indispensable preservar la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales futuras y mantener la cohesión de cara a los comicios de 2027. Ambas posturas tienen argumentos válidos: la primera defiende principios; la segunda, realidades políticas concretas.
Lo cierto es que las declaraciones públicas de Zaldívar complican el ambiente de negociación que Monreal intenta preservar. En un Congreso donde la oposición observa con atención cualquier fisura, la coalición gobernante debe decidir si prioriza la confrontación retórica o la construcción paciente de acuerdos. La reforma electoral, más allá de su contenido técnico, está poniendo a prueba la madurez interna del bloque que llegó al poder prometiendo unidad y transformación.
