La revocación de las visas para ingresar a Estados Unidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo y su esposo Carlos Torres Torres, regresó a la conversación pública el tema de las medidas que el gobierno de Donald Trump planteó para luchar en contra del crimen organizado, en especial el vinculado al narcotráfico.
Anunciadas desde el triunfo del también empresario en noviembre pasado, estas medidas generaron versiones periodísticas de lo que se llamó una “lista negra” de funcionarios y políticos mexicanos ligados a la delincuencia organizada contra quienes se tomarían medidas.
El combate a los cárteles del narcotráfico, que inundaban las calles estadounidenses de fentanilo provocando miles de muertes, fue un recurso retórico que Trump utilizó en su campaña para ganar votos, prometiendo que acabaría con esta amenaza; posterior a su victoria electoral, empezaron a darse a conocer algunas de las medidas que tomaría su administración para cumplir con su promesa, entre las que se encontraban la intervención militar contra los cárteles mexicanos y medidas jurídicas en contra de políticos que apoyen a estos grupos criminales.
El primer funcionario mexicano en sufrir esto fue el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Fávila, quien fue postulado por Morena. El jueves 17 de abril fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quienes le quitaron su visa en el puente internacional Brownsville-Matamoros, en donde también le informaron que el motivo de esa acción era una investigación que lo vinculaba a un grupo delincuencial.
De acuerdo a Aristegui Noticias, “fuentes cercanas a la investigación revelaron a corresponsales locales que agencias de inteligencia estadounidenses monitoreaban desde hace meses al alcalde por presuntos nexos con el Cártel del Golfo”.
Ahora, la gobernadora de Baja California enfrenta la misma situación, pero a pesar del apoyo –acostumbrado con desplegados y mensajes en redes sociales– de Morena, no ha aclarado los motivos por los que su esposo y ella perdieron la visa.
Pero el semanario Zeta de Tijuana, en un texto de su directora Adela Navarro Bello, puntualiza que “la investigación que tuvo como consecuencia el retiro de la visa de turista B1/B2 de Carlos Torres Torres para negarle el acceso a los Estados Unidos inició en el Departamento de Estado en Washington. La orden de llevar a cabo la operación para que, en cuanto intentara adentrarse en territorio norteamericano le fuese impedido el paso, y su documento para el cruce fronterizo retenido y destruido, también provino de la capital estadounidense”.
El semanario agrega que “la fuente norteamericana informó a ZETA que se vienen ‘más retiros de visas a más personas, dentro de esta investigación’. Hasta donde pudo adelantar, lo que se indaga son relaciones con grupos ilícitos, sin precisar por el momento a cuáles se refieren y cuáles acciones conjuntas pudieron realizar.
“Lo que sí agregaron los informantes fue que esta acción e investigación tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California”.
De acuerdo al columnista Salvador García Soto, “el anuncio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien ayer reconoció en redes sociales que su visa estadounidense le había sido cancelada por el gobierno de ese país, luego de que se la cancelaran primero a su esposo, el polémico empresario y político, Carlos Torres, quien ha sido insistentemente señalado de tener vínculos con organizaciones criminales en Tijuana, represente sin duda una medida que confirma lo que en esta columna hemos escrito e informado desde hace varios meses: que el gobierno de Trump, a través de su poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, ha comenzado la ‘cacería’ de políticos mexicanos que, según sus investigaciones, tienen vínculos con el narco”.
Las denuncias en contra de la gobernadora y su esposo también vienen desde el interior de Morena. El exgobernador de la entidad Jaime Bonilla acusó en 2022 a la mandataria de estar vinculada al crimen organizado.
Lista negra
De acuerdo a García Soto, son 44 los nombres que integran dicha lista, la cual incluye a militantes de varios partidos políticos, aunque la mayoría son de Morena.
“Las fuentes estadounidenses que han revelado información sobre esa lista, mencionan varios nombres que aparecerían entre los 44 políticos y funcionarios mexicanos que hasta la última vez que nos informaron estaban enlistados. Una buena parte de ellos están vinculados al tema del ‘huachicol fiscal’ y el contrabando de gasolinas estadounidenses en México y se les relaciona con financiamientos o apoyos del empresario asesinado Sergio Carmona Angulo, identificado en expedientes estadounidenses como financiador de campañas políticas de Morena con dinero proveniente del huachicol y el narcotráfico”, comentó en su columna del 12 de mayo Salvador García Soto.
Mario Maldonado, columnista en El Universal, detalló en su colaboración del lunes 12 de mayo que “fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado”.
Raymundo Rivapalacio, en su espacio en El Financiero, recordó también el 12 de mayo que “la gobernadora y su esposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace poco más de dos años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y Ávila, en una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA, fue una de las siete candidatas a gobernador en 2021 cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, después de las elecciones”.
Y Mario Maldonado añade otro elemento para comprender lo que podría venir en el corto plazo, “en la lista de nombres también hay funcionarios, mandatarios y exmandatarios de la oposición, así como un puñado de gobernadores morenistas en funciones; el más próximo a ser evidenciado sería Rubén Rocha Moya, de Sinaloa”.
Esto también ayuda a entender porque en la mañanera del 12 de mayo, la presidenta Sheinbaum sólo atinó a responder cuando le preguntaron por el tema de la visa de la gobernadora y su esposo que “no nos vamos a adelantar… vamos a esperar la información”, algo que muestra que efectivamente no fue informada o que sabe lo que está pasando, pero no puede comentarlo porque haría más grande el problema.
Así, a esperar más acciones de Estados Unidos en contra de políticos mexicanos vinculados a delincuentes, algo que la presidenta Sheinbaum negó en el contexto de la carta que envió a Morena para buscar reencauzar las actividades de su partido ante los vicios en los que han caído muchos de sus militantes, pero que sabe que es una realidad.
Dice Claudia Sheinbaum que no hay nada que pueda vincular a Morena con la delincuencia organizada.
¿Y López Obrador? ¿Y Rubén Rocha? ¿Y Cuauhtémoc Blanco?
La lista es muy larga… pic.twitter.com/6auKCtN66A
— Arturo Villegas (@ArturoVillegasQ) May 5, 2025
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