En octubre de 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pilar de la educación superior latinoamericana, atraviesa una tormenta perfecta que amenaza su autonomía y estabilidad. Bajo el mando del rector Leonardo Lomelí Vanegas, la institución enfrenta un crescendo de protestas, violencia y presiones externas que paralizan facultades y generan zozobra entre sus 370,000 estudiantes y académicos. Lo que inicia como expresiones legítimas de solidaridad con Palestina se entrelaza con incidentes que sugieren un patrón de desestabilización, posiblemente impulsado por actores políticos interesados en erosionar la credibilidad de la máxima casa de estudios.
El detonante visible son las manifestaciones por Palestina, en el segundo aniversario del conflicto en Gaza. El 7 de octubre, académicos y sindicatos universitarios marcharon desde el Espejo de Agua exigiendo la ruptura de relaciones con Israel y el fin de las acciones bélicas. El Consejo Universitario emitió un pronunciamiento el 5 de octubre condenando el presunto genocidio, mientras que el 2 de octubre, contingentes de la UNAM se unieron a la marcha por Ayotzinapa, amplificando demandas globales. Sin embargo, estas acciones han derivado en ocupaciones: el 9 de octubre, encapuchados —estudiantes y supuestos externos— tomaron la Preparatoria 8 en Álvaro Obregón, bloqueando accesos en protesta por agresiones policiales durante una movilización pro-Palestina, donde un alumno resultó herido. Intentos similares en la Facultad de Derecho escalaron tensiones, con vandalismo y agresiones a personal.
Esta dinámica se agrava con violencia en aulas y amenazas sistemáticas. El 22 de septiembre, el asesinato de un estudiante en el CCH Sur por un compañero desató una crisis de seguridad, exponiendo fallas en protocolos y generando miedo generalizado. Desde el 17 de septiembre, al menos 20 amenazas de bomba —todas falsas— han forzado evacuaciones en planteles como la Prepa 7 (20 de octubre), Facultad de Ciencias (24 de octubre) y Prepa 8, interrumpiendo clases y costando horas de labor académica. Mensajes como el hallado en Ciencias —»Tienen hasta las 8pm para encontrar la bomba» en apoyo a Palestina— parecen diseñados para desacreditar el movimiento, vinculándose a presuntos sionistas o derechistas internos, según denuncias en redes.
Los encapuchados agravan el panorama: grupos mixtos han agredido a estudiantes disidentes, académicos y hasta autoridades, vandalizando instalaciones en Derecho y CCHs. La rectoría acusa a «grupos ajenos» de infiltrarse para promover paros, un «asedio porril» que incluye insultos y amenazas anónimas. Identificados algunos responsables de las bombas falsas, la UNAM refuerza medidas: luminarias, botones de pánico y detectores de metales, pero Lomelí niega estar rebasado, apostando por diálogo y referendos para recuperar espacios.
Políticamente, las presiones se intensifican desde medios afines a Morena. Columnas en La Jornada y El Universal recuentan un «acoso» que cuestiona la autonomía unamita, con críticas al rector por «sensibilidad excesiva» ante la violencia. Analistas como José Woldenberg ven en esto un intento de manipulación opositora o gubernamental para forzar alineamientos, recordando tensiones pasadas con AMLO. ¿Beneficia a la 4T un caos que distrae de reformas judiciales? ¿O es la oposición sembrando duda?
En síntesis, la UNAM no solo lidia con solidaridad global, sino con un cóctel de infiltración y miedo que erosiona su esencia. Lomelí debe navegar entre represión y apertura, o el asedio convertirá protestas en parálisis crónica. La comunidad exige acción: ¿diálogo o intervención? El futuro de la universidad —y del debate público mexicano— pende de un hilo.
