Los datos oficiales podrían no estar reflejando con precisión la crisis de seguridad en varias regiones de México. Tomando en consideración diversos indicadores de violencia letal, además de las cifras de homicidio doloso, puede observarse que la violencia se arraiga en 12 entidades.
Comportamientos inusuales en el registro de los delitos
El gobierno mexicano continúa utilizando la misma metodología para medir la violencia letal, aunque los registros de homicidio doloso presentan limitaciones para reflejar el contexto de deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales en las que ocurren y, en ocasiones, no reflejan el total de los asesinatos en el país.
Lo anterior se ve reflejado en anomalías en el comportamiento de los datos. De 2024 a 2025, considerando los registros del primer semestre, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 15.6%. Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.5%, y las personas desaparecidas en 14%. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma como año base el 2019, pues los porcentajes se disparan 93.2% y 70.3%, respectivamente.
Las “otras realidades”. La violencia homicida en los estados
Los datos nacionales también invisibilizan las dinámicas locales de la violencia letal. Es complicado hablar de un proceso de pacificación a nivel territorial a lo largo y ancho del país cuando se presentan estas cifras:
El tamaño de la violencia en 2025 (cifras totales enero-junio) tasa por cada 100 mil habitantes
Top 5 estados con la tasa más alta de violencia homicida
1. Baja California (73.5)
2. Sinaloa (69)
3. Morelos (59.8)
4. Quintana Roo (54.7)
5. Colima (53.3)
Top 5 estados con la tasa más baja de violencia homicida
1. Yucatán (4.3)
2. Tlaxcala (5.3)
3. Coahuila (6.8)
4. Durango (11.2)
5. Chiapas (14.4)
La evolución de la violencia de 2024 a 2025 (cifras totales enero-junio)
Top 5 estados con mayor incremento de la tasa de violencia homicida
1. Sinaloa (79.1%)
2. CDMX (25.5%)
3. Chihuahua (17.3%)
4. Nayarit (19.6%)
5. Hidalgo (15.2%)
Top 5 estados con mayor reducción de la tasa de violencia homicida
1. Zacatecas (37.2%)
2. Campeche (36.1%)
3. Chiapas (30.3%)
4. Coahuila (29.8%)
5. Nuevo León (26.4%)
En comparación con el periodo enero-junio, los mismos estados se mantienen.
La tasa por cada 100 mil habitantes de violencia homicida se calcula tomando como base la totalidad de registros de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida, personas desaparecidas y no localizadas.
Un nuevo enfoque para medir la violencia
Para contribuir a tener diagnósticos más precisos, México Evalúa presenta mes con mes un balance sobre la violencia homicida a nivel estatal. Dicho balance centra el foco de atención en la tasa por cada 100 mil habitantes de violencia homicida, considerando los datos de todos los proxys (homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida; y personas desaparecidas y no localizadas). Considerar esta información de manera conjunta es clave para cuestionar a los gobiernos sobre las causas del incremento o la reducción del problema.
A diferencia de otros indicadores, incluyendo los que son empleados por el gobierno, nosotros comparamos, de manera simultánea, la magnitud actual de la violencia homicida y su comportamiento a través del tiempo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior. De este modo, valoramos el contexto de inseguridad de cada estado en función de cuatro categorías:
Muy negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual al alza.
Negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual a la baja.
Regular: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual al alza.
Positivo: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual a la baja.
El contexto de la violencia: estados bajo fuego
Tres entidades presentan un balance muy negativo: Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.
En Baja California Sur, la entidad está siendo utilizada como un punto estratégico de las organizaciones para movilizar narcóticos hacia la frontera norte, donde la violencia letal persiste como consecuencia de las disputas entre células operativas de las facciones que anteriormente conformaban el Cártel de Sinaloa.
En Chihuahua, el control de la entidad o sus regiones es fundamental para las organizaciones, pues les permite diversificar las rutas de acceso a la frontera norte para el tráfico de drogas, personas y armas, la explotación de la industria minera y el cobro de piso en el centro de la entidad. A finales de mayo la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo público que se identificó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chihuahua, lo que implica la presencia de una nueva organización en la entidad y un nuevo eje de conflicto criminal.
En Sinaloa, pese a la presencia de alrededor de 100 militares de élite y 11 mil elementos de las fuerzas federales el comportamiento al alza de la violencia letal continúa, lo que permite puntualizar que la presencia de estos elementos no inhibe el intercambio de fuego entre organizaciones y que, por el contrario, se está agregado una capa de violencia en conflicto criminal de la entidad.
Finalmente, otras 16 entidades —siete con balances regulares y nueve con balances negativos— muestran indicios de conflictos criminales susceptibles de desbordarse por la falta de capacidades policiales estatales y la presencia intermitente de elementos federales. Ignorar dichos conflictos podría derivar en otras guerras criminales a corto o mediano plazo.
Saldos positivos
Sólo un tercio del país —13 entidades— presenta un balance positivo: Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Es la segunda ocasión que Zacatecas y Jalisco no figuran en esta lista; lo que genera preguntas sobre sus capacidades institucionales para capturar las diferentes expresiones de la violencia letal y sus incentivos políticos para subreportar estos fenómenos, pese a que su origen partidista es distinto.
Yucatán mantiene un balance positivo, incluso al incorporar otros delitos más allá del homicidio doloso. Esto sugiere la existencia de condiciones contextuales y de política pública particulares que contribuyen a una evaluación favorable.
En esta entrega Querétaro abandonó la calificación de muy negativo y pasó a positivo, pese a que se mantienen las coordinadas del conflicto entre CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima por el robo de combustibles y el control del cobro de piso.
¿Cómo leer el radar? El eje horizontal traza la tasa del año en curso por cada 100 mil habitantes. La tasa es más alta cuando supera el promedio nacional del año anterior. El eje vertical muestra el cambio porcentual con respecto a ese año. De este modo, ubicamos cuatro conjuntos sobre la situación de la violencia homicida en los estados: positiva, regular, negativa o muy negativa. Cada conjunto cuenta con sus propias escalas de variación a partir de los puntos de corte establecidos. El radar permite detectar cuándo un estado está a punto de cambiar de situación, ayudando a identificar focos rojos.
En esta entrega se identificaron dos movimientos interesantes. Querétaro abandonó la etiqueta de muy negativo y pasó a positivo, aunque su tasa es muy cercana al promedio nacional y su tendencia a la baja es moderada, razones suficientes para que la autoridad del estado tome acciones que permitan contener y disminuir la violencia letal de manera sostenida.
Por otra parte, Sonora logró abandonar la categoría de “muy negativo” y avanzar a “negativo”, un cambio que resulta significativo, aunque el conflicto entre facciones del extinto Cártel de Sinaloa en la región noroeste del país persiste e incluso se ha intensificado. Este avance obliga a la autoridad a analizar con seriedad qué estrategias funcionan para mejorar las condiciones de seguridad, conservarlas y, en su caso, replicarlas en otras zonas del estado. Cabe destacar que la cercanía geográfica con Sinaloa convierte a Sonora en una entidad particularmente vulnerable a los efectos del conflicto sinaloense, así como al interés de otros grupos criminales por disputarse el control territorial.
Además, Ciudad de México, Hidalgo y Nayarit exponen una tendencia al alza que requiere atención, por la magnitud de los incrementos identificados.
La autoridad de la Ciudad de México está intentado administrar las disputas territoriales entre los dos grandes cárteles de la capital (La Unión y la Anti-Unión) y la organización Cártel del Tren de Aragua que por ahora busca controlar la trata, la extorsión y el narcomenudeo.
En Hidalgo, el conflicto criminal parece explicarse por la disputa por el control del robo de hidrocarburos. El CJNG busca imponerse a las organizaciones locales y familias que se dedican a este ilícito como una forma de vida. Es preciso recordar que el conflicto entre CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato inició de manera similar, por lo que la autoridad estatal y federal debe intervenir para evitar la conformación de una nueva organización en Hidalgo, a partir de las bandas locales o contener el ingreso de CJNG.
Finalmente, Nayarit está siendo víctima del contagio de la violencia en Sinaloa, a la vez que se está configurando como una ruta alterna para movilizar narcóticos por el pacífico con relativa discreción. Es preocupante el arribo de nuevas organizaciones que busquen el control de dicha ruta ante la debilidad de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Tendencias regionales destacadas
El mapa revela una configuración territorial del crimen organizado caracterizada por altos niveles de violencia concentrados en tres grandes regiones del país: el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste. En la región noroeste, que abarca entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua, predominan los colores rojo (balance negativo) y café (balance muy negativo), lo que indica una intensa conflictividad derivada de la fragmentación del extinto Cártel de Sinaloa. Las disputas entre facciones como La Chapiza y Los Mayos, así como los enfrentamientos con grupos locales en Chihuahua, generan un entorno de violencia estructural que se agrava por la ubicación estratégica de esta zona como corredor fronterizo para el tráfico de drogas, armas y personas.
En contraste, entidades como Yucatán, Tlaxcala, Aguascalientes y Coahuila aparecen en color verde, lo que indica una menor exposición a disputas violentas. En algunos casos esto responde a la ausencia de mercados estratégicos o al dominio de un grupo que no enfrenta competencia significativa. Sin embargo, una baja intensidad de conflicto armado no debe interpretarse como ausencia de criminalidad, ya que pueden persistir fenómenos como el cobro de piso o la infiltración institucional sin violencia visible.
En síntesis, el mapa da cuenta de un país profundamente fragmentado, donde la violencia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en regiones de alta disputa estratégica, mientras otras zonas experimentan control criminal más estable o menor interés de las organizaciones. Sin embargo, es posible identificar, a grandes rasgos, dos bloques de distribución espacial: el corredor del Pacífico, con mayor violencia, y el corredor del Golfo, en aparente pacificación. Esta configuración exige enfoques diferenciados de política pública, con estrategias territoriales específicas que reconozcan la lógica criminal detrás de cada conflicto.
Apunte metodológico
Este reporte considera los siguientes proxys de violencia homicida: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal; y personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, se incorporan homicidios culposos y otros delitos contra la vida corporal. Lo anterior, ante la evidencia que sugiere que el incremento de estos fenómenos refleja, de manera respectiva, inconsistencias en el registro de cadáveres o mecanismos de exterminio del crimen organizado. Considerar esta información en su conjunto es útil para identificar patrones con mejor precisión, así como formular preguntas sobre las causas del incremento o reducción de la violencia homicida y llamar a la rendición de cuentas.
Los datos provienen de las víctimas en carpetas de investigación reportadas mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y las proyecciones de población a mitad de año del Consejo Nacional de Población (Conapo).
El homicidio doloso ocurre cuando existe la intención de causar la muerte de otra persona. En cambio, el homicidio culposo se comete cuando no existe dicha intención, pero actuar negligente o imprudente provoca la muerte de la víctima.
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