El derecho a la tranquilidad en el propio hogar es uno de los pilares más sensibles de la seguridad pública en México. Sin embargo, las cifras más recientes revelan un panorama de contrastes que obliga a poner la lupa sobre la protección de la propiedad privada. Durante el pasado mes de noviembre de 2025, el país registró un repunte del 10% en las denuncias por allanamiento de morada en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 1,120 casos reportados ante las autoridades.
Este incremento mensual enciende las alarmas en un año que, en términos generales, parecía mostrar una tendencia a la baja. De acuerdo con los datos recopilados por TResearch, el balance acumulado de 2025 suma 12,309 casos. Si bien esta cifra representa una reducción del 8% frente a 2024 y se mantiene un 16% por debajo del pico histórico registrado en 2023 —cuando se reportaron más de 14,700 incidentes—, la vulnerabilidad de las viviendas mexicanas sigue siendo un tema prioritario en la agenda de seguridad.
La distribución de este delito en el territorio nacional no es uniforme, y los datos muestran una concentración preocupante en regiones específicas. Tres entidades federativas —Baja California, el Estado de México y Coahuila— concentran el 38% de todos los casos reportados durante el actual sexenio. Esta cifra pone de manifiesto que, independientemente de los operativos federales, la seguridad local y la prevención del delito en zonas urbanas críticas están enfrentando retos mayúsculos.
Baja California se posiciona como el punto más crítico del mapa. Con 2,237 casos acumulados, no solo lidera en números absolutos, sino que presenta la tasa más alta de incidencia por cada millón de habitantes, alcanzando los 594 casos. Para dimensionar esta cifra, basta compararla con el promedio nacional, que se sitúa en 97 casos por cada millón de personas. Aguascalientes y Baja California Sur le siguen en esta lista de riesgo, con tasas de 319 y 299 respectivamente, evidenciando que el fenómeno afecta con mayor intensidad al norte y al bajío del país.
El análisis de la serie histórica 2021-2025 muestra que, tras el máximo alcanzado en 2023, el país ha logrado un descenso gradual. No obstante, el repunte del 10% en noviembre rompe con la inercia de calma y sugiere que los factores que impulsan la entrada ilegal en domicilios particulares siguen presentes. Para un público interesado en la política nacional, estos datos son fundamentales para evaluar la efectividad de las fiscalías estatales y el impacto de las políticas de prevención del delito.
El allanamiento de morada no es solo una estadística; es un delito que quiebra la percepción de seguridad en el lugar más íntimo de los ciudadanos. Mientras algunas entidades logran controlar la tendencia, otras parecen estancadas en cifras que superan por mucho la media nacional. El reto para 2026 será consolidar la reducción observada en los años previos y evitar que los repuntes mensuales se conviertan en una nueva tendencia al alza que amenace la paz de las familias mexicanas.
