El regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 ha marcado un punto de inflexión en el escenario internacional, con acciones que sugieren un enfoque más asertivo en la defensa de intereses nacionales. La reciente operación militar en Venezuela, que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, ejemplifica este reacomodo. Esta intervención, descrita por la Casa Blanca como una medida para restaurar la democracia y combatir el narcotráfico, ha generado debates intensos sobre la doctrina de ataques preventivos y la proyección de poder estadounidense en América Latina, Oriente Medio y Asia. Analistas coinciden en que Trump busca consolidar un «espacio de seguridad» hemisférico, pero las implicaciones éticas y legales de tales acciones dividen opiniones, invitando a polémicas sobre soberanía versus intervención.
En Venezuela, la operación relámpago involucró fuerzas especiales estadounidenses que detuvieron a Maduro y su esposa en Caracas, sin resistencia significativa. Trump anunció que Estados Unidos «dirigirá» el país temporalmente, hasta una transición «segura y juiciosa», y que se venderá petróleo venezolano para financiar la reconstrucción, con parte de los ingresos destinados a Washington. Defensores de esta medida argumentan que responde a amenazas directas: el régimen de Maduro, aliado con carteles de narcotráfico y potencias como Rusia e Irán, representaba un riesgo para la seguridad regional. Según expertos en política exterior, como aquellos citados en informes de The Conversation, esta acción alinea con una visión revisionista de la soberanía, similar a la de China o Rusia, priorizando la eliminación de regímenes hostiles para prevenir crisis migratorias y flujos de drogas hacia Estados Unidos. Críticos, sin embargo, la ven como un acto de imperialismo desnudo, violando el derecho internacional y el principio de no intervención establecido en la Carta de la ONU. Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado la falta de mandato multilateral, argumentando que podría desestabilizar la región y fomentar resentimientos antiestadounidenses. Polémicamente, la designación temporal del vicepresidente de Maduro como figura interina plantea dudas sobre el compromiso real con la oposición democrática liderada por María Corina Machado, quien ha sido marginada en las discusiones, sugiriendo que los intereses económicos –como el acceso a reservas petroleras– priman sobre la democracia genuina.
Esta doctrina de ataques preventivos no se limita a América Latina. En Oriente Medio, Trump ha autorizado strikes aéreos en siete países durante 2025, incluyendo sitios nucleares iraníes, en respuesta a supuestas violaciones de acuerdos atómicos. En diciembre de 2025, amenazas mutuas entre Trump y Teherán escalaron, con el presidente estadounidense advirtiendo de «consecuencias severas» si Irán reconstruye su programa nuclear o misilístico. Israel, bajo Benjamin Netanyahu, ha discutido con Trump posibles «rondas adicionales» de ataques, posicionando a Estados Unidos como garante de la seguridad israelí. Partidarios de esta postura destacan su efectividad en disuadir agresiones, citando el ataque a la base Al Udeid en Qatar por parte de Irán como justificación para acciones preventivas. Opositores, incluyendo voces en el Congreso estadounidense y aliados europeos, advierten de un ciclo de escalada que podría derivar en una guerra regional más amplia, similar a conflictos pasados en Irak o Siria. La polémica radica en la selectividad: ¿por qué intervenir en Venezuela o Irán, pero no en otros regímenes autoritarios? Esto invita a debates sobre doble rasero, donde la proximidad geográfica o recursos estratégicos influyen en las decisiones, cuestionando la consistencia moral de la política exterior.
En Asia, aunque menos documentadas en acciones concretas hasta ahora, las tensiones sugieren un patrón similar. Trump ha intensificado retórica contra China por disputas en el Mar del Sur de China y Taiwán, y contra Corea del Norte por pruebas misilísticas. Analistas especulan que un ataque preventivo podría materializarse si Pekín avanza en reclamaciones territoriales o si Pyongyang amenaza bases estadounidenses en la región. Defensores ven esto como necesario para contrarrestar la expansión china, protegiendo cadenas de suministro globales. Críticos, no obstante, temen que tales medidas provoquen una confrontación con potencias nucleares, desestabilizando economías interdependientes y alienando aliados como Japón o Corea del Sur. La controversia aquí reside en el riesgo de mal entendidos: un ataque preventivo podría interpretarse como agresión, invitando a respuestas simétricas y erosionando normas internacionales.
En suma, el enfoque de Trump reconfigura alianzas globales, fortaleciendo lazos con Israel y posiblemente expandiendo a Cuba, mientras tensa relaciones con la ONU y potencias rivales. Las posturas divergen: unos lo aplauden como realismo pragmático que prioriza la seguridad nacional; otros lo critican como unilateralismo que socava el multilateralismo y fomenta inestabilidad. Estas acciones plantean interrogantes sobre responsabilidad: ¿quién rinde cuentas por consecuencias no intencionadas, como refugiados o guerras proxy? Sin un consenso internacional, el reacomodo podría polarizar aún más el orden mundial, exigiendo un escrutinio continuo de sus motivaciones y resultados.
