Son diez los riesgos políticos que Integralia identifica afectarán a México en 2025, principalmente derivados de la concentración de poder en el ejecutivo y la erosión de contrapesos.
Entre los riesgos identificados se encuentran las consecuencias para el clima de negocios, incluyendo la incertidumbre económica, debilitamiento del T-MEC, reformas judiciales y electorales, y la inseguridad.
El retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos se considera un factor exacerbador de varios de estos riesgos. Finalmente, se evalúan las implicaciones para sectores específicos y el riesgo de una degradación crediticia.
Los riesgos
Integralia identifica diez riesgos políticos principales que podrían afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática en México en 2025. Estos riesgos se relacionan principalmente con la creciente concentración del poder en el Ejecutivo federal y la erosión del sistema de contrapesos.
Los diez riesgos identificados por Integralia son:
- El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca genera incertidumbre económica, disrupciones comerciales, tensiones diplomáticas y una intensificación de la crisis migratoria. Esto incluye la posible imposición de aranceles a México, lo que podría llevar a una disputa comercial. Además, las acciones y la retórica de Trump podrían detonar posturas nacionalistas en México, dificultando las relaciones económicas y comerciales.
- La profundización de la concentración de poder afecta la certeza para el sector privado y el clima de negocios, debido a la falta de equilibrio político, la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición. El gobierno puede tomar decisiones sin considerar la opinión de actores empresariales, sociales o políticos, y asignar contratos de forma discrecional, lo que afecta la inversión y la competencia económica.
- El debilitamiento del espíritu de integración económica de América del Norte y la puesta en duda de la continuidad del T-MEC. Esto se debe a la posibilidad de que Trump imponga tarifas, a las elecciones en Canadá, y a posibles reacciones nacionalistas del gobierno mexicano.
- Un proceso gradual de indefensión jurídica para las empresas a causa de la implementación de la reforma judicial, así como la parcialidad e incapacidad de las autoridades jurisdiccionales para resolver disputas. La reforma judicial podría resultar en la elección de perfiles politizados y de baja capacidad técnica, y la falta de claridad en las nuevas reglas del sistema impactará a particulares, generando incertidumbre.
- La aprobación de nuevas reformas de la agenda de Claudia Sheinbaum que toman poco en cuenta la opinión del sector empresarial y de otros actores afectados, donde predominan los criterios políticos sobre los técnicos o económicos en temas laborales, medioambientales y administrativos.
- Reformas electorales que merman las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa, y que acotan la representación de los partidos de oposición. Esto incluye la posible reducción del financiamiento público a los partidos y la modificación de la representación proporcional, lo que podría afectar la pluralidad política.
- La implementación de reformas constitucionales en materia judicial, de áreas y empresas estratégicas, y de simplificación orgánica, que concentran el poder en el gobierno federal, sin garantizar mayor eficacia, e incrementan la incertidumbre jurídica. Estas reformas también ponen en pausa proyectos de inversión en sectores clave como el energético y de telecomunicaciones.
- El aumento de enfrentamientos violentos como resultado de fracturas internas en grupos del crimen organizado y la implementación de una estrategia de captura de liderazgos, lo cual dificulta el traslado de bienes por carreteras y la operación de MiPyMes. A pesar de los esfuerzos por combatir el crimen organizado, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad se reducirá, lo que podría debilitar la capacidad del Estado para hacer frente al crimen.
- Una mala reforma fiscal para aumentar la recaudación como resultado de finanzas públicas limitadas y la necesidad de seguir financiando los proyectos del gobierno. El gobierno podría proponer medidas fiscales que afecten al sector privado, como impuestos sobre la renta para personas físicas y morales, así como impuestos sectoriales.
- La degradación de la capacidad operativa y de planeación de los gobiernos locales para atender de forma eficaz problemas y necesidades locales, debido a la corrupción, la escasez de recursos públicos, la falta de personal calificado y una creciente centralización del poder.
Además de estos 10 riesgos, el reporte también identifica otros temas relevantes para 2025: el riesgo de degradación crediticia, las presiones contra empresas concesionarias de agua, la inversión del Infonavit en proyectos poco rentables, el suministro eléctrico insuficiente y apagones, y la caída en la producción de Pemex.
El reporte de Integralia destaca que la mayoría de estos riesgos están asociados a la centralización del poder y a la falta de contrapesos, lo que podría generar un entorno de incertidumbre para el sector privado y la gobernabilidad democrática.
Riesgos políticos
Las reformas electorales propuestas por el gobierno mexicano, según el reporte de Integralia, plantean varios riesgos para la competencia política libre y equitativa. Aunque algunos de los cambios propuestos podrían parecer benéficos, en conjunto podrían mermar la pluralidad política y la alternancia en el poder.
Aquí hay algunos de los impactos más significativos que se destacan en el reporte:
- Reducción de la representación de la oposición: Las reformas buscan modificar la conformación de las listas de candidaturas de representación proporcional para diputaciones, senadurías, presidencias municipales e integrantes de los cabildos. Esto podría resultar en una menor presencia de partidos de oposición en los órganos de gobierno, limitando su capacidad de influir en las decisiones políticas.
- Disminución del financiamiento público a los partidos: Si bien reducir el gasto en campañas electorales podría parecer una medida positiva, la disminución del financiamiento público a los partidos, especialmente a los de oposición, podría dificultar su capacidad para competir de manera efectiva contra el partido en el poder.
- Posible reducción de los estándares de profesionalismo en el INE: Bajo un argumento de austeridad, se podrían reducir los estándares de profesionalismo del personal electoral y de la operatividad del INE. Esto podría afectar la capacidad del INE para organizar elecciones libres y equitativas.
- Potencial elección popular de consejeros del INE: Existe el riesgo de que la reforma contenga la elección popular de las consejerías del INE, lo cual, según el reporte, atentaría por completo contra la independencia del órgano electoral y terminaría por capturarlo.
- Ataques al INE: Se anticipan ataques por parte del gobierno y del Congreso hacia el INE, culpándolo de la baja participación y de las fallas en el proceso electoral. Estas críticas se sumarían a las ya existentes sobre el INE, como institución onerosa y creada por gobiernos «neoliberales».
- Menor competencia política: En general, las reformas podrían mermar las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa, limitando la representación de los partidos de oposición, y promoviendo una mayor concentración de poder, debilitando el sistema democrático.
En resumen, las reformas electorales propuestas, aunque puedan tener algunos elementos positivos, en su conjunto representan un riesgo para la competencia política al favorecer al partido en el poder y limitar la capacidad de la oposición para participar de manera efectiva en el proceso democrático.
Riesgos económicos
Según el reporte de Integralia, México enfrenta varios riesgos económicos importantes en 2025, que se derivan tanto de factores internos como externos. Estos riesgos pueden afectar el entorno de negocios, la inversión y el crecimiento económico del país. Aquí están los principales riesgos económicos identificados en el reporte:
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Incertidumbre económica por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: El retorno de Trump genera incertidumbre económica debido a la posibilidad de imposición de aranceles, lo que podría llevar a disputas comerciales y afectar negativamente la planeación, productividad y rentabilidad de las empresas vinculadas al comercio bilateral. Esto podría mermar el interés de los inversionistas en el nearshoring, además de provocar volatilidad financiera y debilitamiento del peso.
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Debilitamiento del T-MEC: La posibilidad de que se debilite el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) es otro riesgo económico importante. Esto podría ocurrir si Trump impone aranceles a sus socios comerciales o si Canadá decide renegociar el tratado, lo que generaría tensiones diplomáticas y pondría en duda la integración comercial de América del Norte. La falta de confianza entre los tres países dificultaría la revisión del T-MEC en 2026 y minaría los efectos del nearshoring.
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Concentración de poder y falta de contrapesos: La creciente concentración de poder en el Ejecutivo federal, junto con la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición, genera incertidumbre para el sector privado y el clima de negocios. Esto fomenta decisiones que priorizan criterios políticos sobre consideraciones económicas y técnicas, así como la asignación discrecional de contratos y permisos, lo que afecta la inversión y la competencia económica.
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Reforma judicial y indefensión jurídica: La implementación de la reforma judicial, con la elección de perfiles politizados y de baja capacidad técnica, genera un proceso de indefensión jurídica para las empresas. La falta de claridad en las nuevas reglas del sistema y la incapacidad de las autoridades jurisdiccionales para resolver disputas aumentan la incertidumbre y los costos para las empresas, pudiendo llevar a la disminución o retiro de inversiones.
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Nuevas reformas de la agenda de Claudia Sheinbaum: La aprobación de nuevas reformas en temas laborales, medioambientales y administrativos, sin tomar en cuenta la opinión del sector empresarial, genera incertidumbre para las empresas. Estas reformas podrían priorizar criterios políticos sobre los técnicos o económicos, afectando la planeación empresarial y la inversión.
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Reforma fiscal: La necesidad del gobierno de aumentar la recaudación, ante las limitadas finanzas públicas, podría llevar a una mala reforma fiscal. Esto podría incluir aumentos en impuestos sobre la renta para personas físicas y morales, así como impuestos sectoriales, afectando negativamente al sector privado.
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Degradación de la capacidad operativa de los gobiernos locales: La creciente centralización del poder y la reducción de recursos para los gobiernos locales afectan su capacidad para atender problemas locales, como la infraestructura y los servicios básicos. Esto puede resultar en ineficiencia y falta de respuesta a las necesidades del sector privado.
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Riesgo de degradación crediticia: Las reformas del «Plan C» y las condiciones de bajo crecimiento, junto con una situación fiscal comprometida, podrían llevar a una degradación de la calificación de la deuda soberana de México. Esto aumentaría los costos para acceder a financiamiento internacional, afectando tanto al sector público como al privado.
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Presiones contra empresas concesionarias de agua: El Plan Nacional Hídrico prioriza el consumo humano, lo cual podría limitar la disponibilidad de agua para uso industrial y agrícola. La posible revisión y revocación de concesiones, junto con la discusión sobre la Ley General de Aguas, crean incertidumbre para las empresas concesionarias de agua, que podrían ver sus operaciones afectadas.
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Inversiones poco rentables del Infonavit: La inversión del Infonavit en proyectos de construcción de vivienda con poca rentabilidad pone en riesgo los ahorros de los trabajadores. Si el Infonavit paga rendimientos anuales por debajo de la inflación, estos ahorros perderán valor, afectando a los trabajadores que usarían esos recursos para su retiro.
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Suministro eléctrico insuficiente: La falta de infraestructura de transmisión y distribución, aunado al incremento en la demanda de electricidad, puede llevar a escasez en la oferta y episodios de apagones, limitando la puesta en marcha de nuevos proyectos.
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Caída en la producción de Pemex: La continua disminución en la producción de hidrocarburos de Pemex y la caída en la producción de condensados comprometen los ingresos petroleros y debilitan la industria nacional, impactando negativamente en la economía del país.
En resumen, los riesgos económicos para México en 2025 incluyen la incertidumbre generada por el gobierno de Trump, el debilitamiento del T-MEC, la concentración de poder, la reforma judicial, las nuevas reformas de Sheinbaum, una posible reforma fiscal, la falta de capacidad de los gobiernos locales, el riesgo de degradación crediticia, las presiones sobre las concesionarias de agua, las inversiones poco rentables del Infonavit, el suministro eléctrico insuficiente y la caída en la producción de Pemex. Estos riesgos combinados crean un panorama económico incierto para México en 2025.
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