El diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó el 2 de diciembre de 2025 un reportaje detallado titulado «‘Welcome to America!’ Captured Drug Lords Choose: Snitch or Suffer», que revela cómo México ha entregado en secreto a 55 líderes de cárteles a Estados Unidos en dos operaciones este año, bajo fuerte presión de la administración Trump. Estas incluyeron 29 extradiciones en febrero (entre ellas Rafael Caro Quintero, responsable del asesinato de un agente de la DEA en 1985) y 26 en agosto, todas justificadas como «expulsiones por seguridad nacional» para evitar procesos legales formales y posibles fugas o sobornos. El WSJ describe operativos sigilosos con más de 2,000 elementos mexicanos: control de prisiones, remoción de directores y vigilancia financiera para impedir filtraciones. Los capos fueron transportados en aviones militares a prisiones de máxima seguridad en ciudades como Chicago, Phoenix y Nueva York, donde enfrentan la disyuntiva de colaborar (delatar rutas, corrupción y aliados) o aislamiento perpetuo, sin pena de muerte como concesión para mitigar reacciones violentas.
Ahora, México y EE.UU. preparan una tercera entrega masiva con al menos 20 narcotraficantes, posiblemente en las próximas semanas, según fuentes citadas por el WSJ y reportes posteriores. Esto elevaría el total a más de 75 en 2025, en un contexto de amenazas arancelarias de Trump (25-30% a importaciones mexicanas) si no se frena el fentanilo y la migración. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha enmarcado como «decisión soberana», pero analistas lo ven como concesión diplomática para evitar intervenciones militares unilaterales.
Consecuencias potenciales de estas extradiciones
Las entregas representan un golpe táctico a los cárteles —desestabilizando liderazgos y forzando delaciones que podrían desmantelar redes de corrupción en México y EE.UU.—, pero conllevan riesgos multifacéticos. A corto plazo, han evitado un estallido inmediato de violencia gracias a la garantía de no aplicar la pena de muerte, que calmó tensiones iniciales (por ejemplo, con el hijo de «El Chapo», Ovidio Guzmán, quien negoció su propio traslado). Sin embargo, expertos advierten de repercusiones a mediano plazo:
– Seguridad interna en México: Posible «reacción furiosa» de los cárteles contra el Estado, como atentados a funcionarios, jueces o prisiones para rescatar o vengar líderes. Analistas predicen que, si continúan las masivas, habrá «estallidos de violencia» similares a capturas pasadas, exacerbando los ya altos niveles de homicidios (más de 20,000 en 2025). Hasta ahora, no se reportan represalias directas, pero el WSJ menciona temores de revueltas carcelarias o escapes si se filtra información.
– Relaciones bilaterales: Gana México tiempo diplomático (aplazando aranceles por 90 días en agosto), pero erosiona soberanía percibida. Trump usa esto para presionar más (designando cárteles como «terroristas» para justificar acciones militares), lo que podría romper cooperación en migración o comercio. Organizaciones como WOLA critican que planes como el de Trump «fracasarán» al dañar lazos y fomentar redes criminales en EE.UU.
– Económicas y legales: Despresuriza prisiones mexicanas (donde capos operaban con lujos y sobornos), pero viola procedimientos (amparos ignorados, sin acceso a abogados), generando demandas. En EE.UU., delaciones podrían exponer corrupción mexicana (incluyendo nexos con exfuncionarios), pero también incentivan a cárteles a aliarse con redes locales estadounidenses para evadir extradiciones.
En redes como X, la reacción es polarizada: simpatizantes de Sheinbaum lo ven como «fuerza soberana» contra el narco, mientras opositores lo tildan de «entrega humillante» bajo presión trumpista, con menciones a García Luna (exsecretario de Calderón, preso en EE.UU. por nexos con Sinaloa).
¿Reaccionarán los cárteles como los «extraditables» en Colombia?
La comparación con los «extraditables» —el grupo formado en 1984 por Pablo Escobar y el Cártel de Medellín para resistir extradiciones a EE.UU.— es válida, pero no idéntica. En Colombia, la amenaza de extradición desató «narco-terrorismo»: más de 500 atentados, asesinato de ministros, jueces y el candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), y bombas que mataron cientos de civiles, en una guerra que escaló la violencia hasta la muerte de Escobar en 1993. Fue una respuesta centralizada y ideologizada (Escobar se vendía como «Robin Hood»), con apoyo de guerrillas y un Estado débil.
En México, los cárteles (Sinaloa, CJNG, Zetas) son más descentralizados y fragmentados, lo que diluye una «respuesta unificada» como Los Extraditables. Sin embargo, hay paralelos y riesgos:
| Aspecto | Colombia (1980s-90s) | México (2025) |
|---|---|---|
| Estructura de cárteles | Centralizado (Medellín bajo Escobar) | Descentralizado (múltiples facciones rivales) |
| Respuesta inicial | Terrorismo masivo: bombas, asesinatos políticos (e.g., Galán) | Contenida por no pena de muerte; posibles atentados focalizados (e.g., contra jueces o prisiones) |
| Contexto estatal | Extradición como «traición» imperialista | Presión económica (aranceles) + soberanía herida |
| Violencia esperada | Escalada nacional (miles de muertos) | Regional (focos en Sinaloa, Jalisco); +5-10% en homicidios si se radicaliza |
| Lecciones aplicadas | EE.UU. ayudó con inteligencia; extraditó 100+ | Similar, pero México negocia para evitar invasión |
Expertos advierten que, sin un «pacto» como el de Colombia (que extraditó generaciones enteras post-Escobar), México podría ver «vacíos de poder» que generen guerras internas entre facciones (como tras la captura de «El Chapo» en 2016). El CJNG de «El Mencho» (aún fugitivo) ha prometido «venganza total» en videos pasados, pero prioriza ganancias sobre ideología. Si Trump intensifica (e.g., tropas), el riesgo de «colombianización» sube: no un solo Escobar, sino múltiples «mini-Escobares» desatando caos.
En resumen, estas extradiciones fortalecen la narrativa anti-narco de Trump y desmantelan operaciones, pero podrían sembrar violencia si los cárteles perciben debilidad estatal. A diferencia de Colombia, México ha «comprado tiempo» con concesiones, pero el verdadero test será si las delaciones llevan a capturas masivas o solo a más presión.
