La reciente decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de demandar por difamación al abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán, ha desatado un debate político y jurídico que pone en el centro la relación entre México y Estados Unidos, la credibilidad institucional y la estrategia de comunicación del actual gobierno mexicano. Lichtman, tras la declaración de culpabilidad de Guzmán en una corte de Chicago, acusó a Sheinbaum de actuar como “el brazo de relaciones públicas” de una organización narcotraficante, refiriéndose específicamente a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, y cuestionó la exoneración del general Salvador Cienfuegos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Este informe analiza las implicaciones de la demanda anunciada, el precedente de AMLO con el abogado de Genaro García Luna, y las posibles consecuencias de la jurisdicción elegida para la acción legal, manteniendo un enfoque imparcial.
El 14 de julio de 2025, Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que presentará una demanda por difamación contra Lichtman a través de la Consejería Jurídica, argumentando que sus declaraciones son “irrespetuosas” y no pueden quedar sin respuesta. La mandataria enfatizó que no dialogará con un abogado de narcotraficantes y que la Fiscalía General de la República (FGR) aclarará el caso Cienfuegos, que Lichtman citó como ejemplo de presunta corrupción. Sin embargo, Sheinbaum no especificó si la demanda se presentará en México o en Estados Unidos, un detalle crucial que podría definir el alcance y la efectividad de la acción legal.
El precedente establecido por AMLO es relevante. En 2023, el expresidente anunció su intención de demandar por daño moral a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, tras acusaciones que intentaban vincularlo con el crimen organizado. Sin embargo, AMLO desistió tras descubrir que las leyes estadounidenses protegen a los abogados de demandas por difamación en el ejercicio de su profesión, lo que limitaba las posibilidades de éxito. Este episodio sugiere que Sheinbaum podría enfrentar obstáculos similares si opta por presentar la demanda en Estados Unidos, donde las normas de libertad de expresión son más estrictas y las acusaciones de Lichtman podrían derivar en un escrutinio más profundo de las pruebas que él alega poseer.
La elección de la jurisdicción es un punto crítico. En México, donde el partido Morena, liderado por Sheinbaum, ejerce una fuerte influencia sobre el Poder Judicial tras la reciente reforma, una demanda podría percibirse como un mecanismo para controlar la narrativa y proteger la imagen presidencial. Sin embargo, esto podría reforzar críticas sobre la falta de independencia judicial y alimentar percepciones de intolerancia a la crítica, como han señalado analistas como Raymundo Riva Palacio. Por otro lado, una demanda en Estados Unidos expondría al gobierno mexicano a un sistema judicial más independiente, pero también a un riesgo mayor, ya que Lichtman podría aprovechar el proceso para intentar sustentar sus acusaciones con pruebas o declaraciones adicionales, lo que podría escalar la controversia y dañar la imagen internacional de México.
El contexto político y bilateral también es relevante. El caso de Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable de cuatro cargos en Chicago a cambio de proporcionar información sobre el Cártel de Sinaloa, ha evidenciado tensiones en la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Sheinbaum ha criticado la falta de transparencia en las negociaciones entre Guzmán y las autoridades estadounidenses, argumentando que México, al haber extraditado al acusado, debió ser informado. Lichtman, por su parte, calificó esta postura como “absurda” y aprovechó el caso Cienfuegos para cuestionar la integridad del gobierno mexicano. Este intercambio pone de manifiesto una desconfianza mutua que podría complicar las relaciones bilaterales, especialmente en un momento en que Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a México a partir de agosto de 2025.
Desde una perspectiva estratégica, la demanda de Sheinbaum puede interpretarse como una jugada para fortalecer su imagen como líder firme ante ataques externos, especialmente tras heredar un gobierno que ha enfrentado acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, la falta de claridad sobre la jurisdicción y la ausencia de un respaldo más amplio de actores institucionales (como la Cancillería o el Senado) podrían debilitar su posición, como señaló el columnista Raymundo Riva Palacio. Además, el precedente de AMLO sugiere que la acción legal podría no prosperar, lo que podría interpretarse como una debilidad del gobierno o una estrategia más política que jurídica.
En conclusión, la demanda de Sheinbaum contra Lichtman refleja un intento por defender la institucionalidad mexicana frente a acusaciones graves, pero su éxito dependerá de la jurisdicción elegida y de la capacidad del gobierno para manejar las repercusiones políticas y diplomáticas. Si se presenta en México, podría consolidar el control narrativo, pero a costa de críticas sobre la independencia judicial. En Estados Unidos, el riesgo de un escrutinio más profundo es mayor, pero también podría ofrecer una oportunidad para desmentir las acusaciones con transparencia. El caso pone a prueba la estrategia de comunicación de Sheinbaum y su habilidad para navegar un entorno internacional complejo.
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