La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura consistente al distanciarse de las decisiones operativas contra líderes del crimen organizado. En el caso del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo federal en Jalisco, la mandataria insistió en que no emitió instrucción directa. Según sus declaraciones en conferencias matutinas, la acción derivó de órdenes de aprehensión previas emitidas por jueces, resultado de investigaciones de la Fiscalía General de la República y ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional bajo un marco estrictamente legal. El objetivo, reiteró, era la captura, no la eliminación.
De manera similar, en las múltiples entregas de narcotraficantes recluidos en cárceles mexicanas a Estados Unidos —al menos 92 casos documentados entre 2025 y 2026—, Sheinbaum ha atribuido las resoluciones al gabinete de seguridad o al Consejo Nacional de Seguridad. Estas, afirmó, responden a análisis soberanos de inteligencia para proteger la estabilidad nacional, sin que medie una orden presidencial personal ni presiones externas.
Esta narrativa genera interrogantes sobre el papel real de la jefa del Ejecutivo en la cadena de mando. ¿Por qué evitar reconocer participación en las deliberaciones o aprobación final? Analistas de distintas corrientes ofrecen lecturas divergentes, pero coinciden en que la estrategia responde a un cálculo político deliberado.
Desde la perspectiva institucional, el gobierno defiende que esta distancia fortalece el Estado de derecho y rompe con el modelo anterior de “órdenes de ejecución” personalizadas, criticado por violaciones a derechos humanos durante sexenios pasados. Supporters argumentan que atribuir las acciones al gabinete o al Poder Judicial evita personalizar el conflicto y reduce el riesgo de represalias directas contra la Presidencia.
Críticos, en cambio, ven en esta actitud una evasión de liderazgo. Sectores de oposición señalan que el miedo a represalias del Cártel Jalisco Nueva Generación —evidenciado por los bloqueos y violencia desatada tras la muerte de “El Mencho”— podría explicar la cautela. Otros observan un cálculo de imagen: aceptar autoría podría erosionar el perfil de continuidad con la doctrina “abrazos, no balazos” promovida por Andrés Manuel López Obrador, base electoral de Morena. Un tercer ángulo apunta a tensiones internas: el sector más radical del partido podría reprocharle un giro hacia políticas más agresivas, percibidas como concesión a Estados Unidos.
El enfoque genera efectos mixtos. Refuerza una imagen de prudencia institucional ante aliados internacionales, pero alimenta percepciones de debilidad doméstica. En un contexto de alta polarización, la ausencia de asunción explícita de responsabilidad complica la rendición de cuentas pública y deja abierta la interpretación sobre quién define realmente la estrategia de seguridad.
El debate revela una tensión estructural: en un país donde el crimen organizado ejerce poder territorial, la delimitación de roles entre Ejecutivo, Fuerzas Armadas y Judicatura busca legitimidad, pero también expone vacíos de liderazgo percibidos. La evolución de esta dinámica determinará si el modelo fortalece la gobernabilidad o deja expuestas grietas en la autoridad presidencial.
