La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la legalización de la marihuana ha encendido el debate en México. Argumentando que su consumo podría ser una puerta de entrada a drogas más peligrosas y que afecta la salud pública, Sheinbaum sorprendió al alinearse con posturas tradicionalmente asociadas a sectores conservadores, alejándose del ala progresista que muchos esperaban de su gobierno. Este posicionamiento, que contrasta con la tendencia global hacia la despenalización, plantea preguntas sobre las prioridades de su administración y su estrategia política.
Sheinbaum fundamenta su rechazo en la teoría de la “escalada de consumo”, que sugiere que la marihuana lleva a sustancias más adictivas. Aunque esta hipótesis tiene defensores, diversos estudios, como los del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EE.UU., indican que no todos los consumidores de marihuana avanzan a otras drogas, y que factores socioeconómicos y de acceso influyen más. En México, donde el consumo recreativo de marihuana es legal desde 2021 tras un fallo de la Suprema Corte, la regulación sigue estancada. La presidenta enfatizó la salud pública, citando riesgos como el aumento de adicciones en jóvenes, un argumento que resuena con grupos conservadores, como la Iglesia católica y organizaciones familiares, que históricamente han rechazado la legalización.
El giro de Sheinbaum ha generado revuelo en redes sociales. En X, usuarios progresistas expresan decepción, acusándola de ceder a presiones conservadoras para ganar apoyo político en un país polarizado. Otros, más cercanos a Morena, defienden que su postura refleja un enfoque pragmático frente a la crisis de adicciones y el narcotráfico. Por su parte, sectores conservadores, como el PAN y asociaciones civiles, celebran la coincidencia, aunque con cautela, dado el historial de confrontación con el gobierno. Este inesperado alineamiento podría ser una jugada para ampliar su base de apoyo, pero también arriesga alienar a los votantes jóvenes y progresistas que respaldaron su campaña.
Para avanzar, México necesita una discusión basada en datos, no en ideologías. La legalización regulada, como en Canadá o Uruguay, ha mostrado beneficios: reducción del mercado negro, control de calidad y recursos fiscales para programas de prevención. Sin embargo, también hay riesgos, como el aumento del consumo en menores si la regulación es laxa. Sheinbaum podría liderar un debate nacional que equilibre salud pública y libertades individuales, pero su rechazo actual sugiere cautela ante un tema políticamente sensible. Una alternativa sería fortalecer la regulación existente, invirtiendo en campañas educativas y rehabilitación, sin criminalizar a los usuarios.
El desafío para Sheinbaum será navegar esta controversia sin perder credibilidad. ¿Es su postura un guiño estratégico a sectores conservadores o una convicción genuina? El tiempo lo dirá, pero el debate sobre la marihuana está lejos de apagarse. México merece una política de drogas moderna, basada en evidencia, que no caiga en estigmas ni polarización.
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