Sexenio de Guillermo Padrés acumula 85 denuncias penales

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Los principales delitos denunciados son peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, entre otros

SONORA. A tres meses de su creación, la Fiscalía Anticorrupción en Sonora acumula 85 denuncias penales en contra de la administración del panista Guillermo Padrés Elías, quien también se enfrenta a investigaciones por parte de autoridades judiciales a nivel estatal y federal.

Salvador Ávila Cortés, vocero de la Procuraduría Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, detalló que a la fecha han citado a comparecencia a 95 personas, entre exfuncionarios de primer nivel, exdirectores de área e incluso exsecretarios del gobierno estatal 2009-2015.

Los principales delitos denunciados son peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de atribuciones, abuso de autoridad y uso indebido de facultades.

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 “Estamos integrando expedientes contundentes y robustos para conseguir sentencias condenatorias por parte del juez, cuidando en todo momento el no violentar el debido proceso, que no nos gane la prisa, sino tener los elementos necesarios para la consignación de los responsables”, declaró Ávila Cortés.

 Detalló que del total de las denuncias, 18 han sido presentadas por ciudadanos, 42 por la Procuraduría General de Justicia del Estado, 12 de la Procuraduría General de la República y 13 provienen de distintas dependencias del gobierno del estado.

 “Las dependencias con mayor número de denuncias son el Isssteson con siete, seguido de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Hacienda y Contraloría”, agregó el vocero.

 Los peritos e investigadores han desahogado 590 diligencias, como comparecencias, declaraciones testimoniales, ratificación de denuncias, declaraciones ministeriales, solicitudes de información, inspecciones ministeriales y cateos, además de solicitudes de peritajes de audio y video.

El pasado 28 de septiembre la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano mandó publicar el decreto para crear la fiscalía anticorrupción, especializada para investigar a funcionarios de la presente y la pasada administración.


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