La reciente resolución de los litigios fiscales de Ricardo Salinas Pliego con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado las tensiones políticas en México. Tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2025, que confirmó adeudos por más de 51 mil millones de pesos, el empresario anunció el pago de 32 mil 132 millones de pesos. De esta cantidad, 10 mil 400 millones se ingresaron de inmediato, mientras el resto se cubrirá en 18 mensualidades, conforme al Código Fiscal de la Federación. Este acuerdo cierra dos décadas de controversias, pero no ha disipado las críticas ni los señalamientos que lo vinculan a presuntas irregularidades.
El SAT y la SCJN avalaron los cobros por presuntas prácticas de consolidación fiscal indebida entre 2008 y 2013, involucrando empresas como Elektra y TV Azteca. Salinas Pliego defendió que siempre ha cumplido con sus obligaciones y que el litigio respondía a interpretaciones legales divergentes. Sus partidarios argumentan que el proceso demuestra resiliencia empresarial y que los pagos fortalecen la responsabilidad fiscal en un contexto de combate a la evasión promovido por el gobierno federal. Sin embargo, críticos del empresario, incluidos sectores afines a Morena, lo acusan de haber dilatado el proceso mediante amparos y recursos, lo que habría permitido un uso prolongado de recursos públicos en disputas judiciales.
Posterior al anuncio, ha surgido una ola de cuestionamientos en redes sociales y medios, atribuidos al «aparato propagandista» de Morena. Se le vincula con el caso Jeffrey Epstein, basados en supuestas asociaciones con figuras como el príncipe Andrew, aunque estas alegaciones carecen de evidencia judicial concreta y parecen derivar de campañas digitales. Además, se difunden rumores sobre la liquidez de Banco Azteca, sugiriendo que los pagos fiscales y deudas pendientes podrían comprometer su estabilidad. Calificadoras como S&P y Fitch han degradado sus ratings a niveles especulativos, citando contingencias fiscales y riesgos operativos, lo que alimenta especulaciones de inestabilidad. Grupo Salinas ha respondido demandando a comunicadores por «terrorismo financiero», alegando daños millonarios por información falsa que provocó retiros masivos de depósitos.
Estas controversias se enmarcan en especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Salinas Pliego en 2030. En entrevistas recientes, como con Financial Times, ha expresado disposición a competir si la oposición no presenta alternativas viables ante el dominio de Morena. Encuestas lo posicionan en el top cinco de preferencias opositoras, con hasta 29% en sondeos internos del PAN, que lo ve como un perfil externo capaz de desafiar al oficialismo. Sus detractores interpretan los ataques como un intento de neutralizarlo, similar a estrategias contra otros aspirantes opositores desde 2025. Por el contrario, aliados destacan su experiencia en economía y su crítica al intervencionismo estatal como activos para un relevo generacional.
Este episodio resalta divisiones profundas: por un lado, se celebra como un triunfo del Estado de derecho; por otro, se percibe como persecución política. El desenlace podría influir en la percepción pública de la responsabilidad fiscal y la independencia empresarial frente al poder político, en un año electoral que anticipa mayor polarización.
