El delito de robo de ganado en México ha sido una preocupación constante para las comunidades rurales y el sector agropecuario. Según datos recopilados por TResearch, basados en cifras históricas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito ha mostrado una disminución significativa en los últimos años, aunque sigue siendo un problema crítico para algunas regiones del país.
En febrero de 2025, se registraron 174 denuncias por robo de ganado, lo que representa una reducción del 4% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se reportaron 181 casos. Este descenso es parte de una tendencia histórica que comenzó en 2015, año en el que se documentaron 778 robos durante el mismo periodo. En una década, el número de denuncias cayó drásticamente, evidenciando una disminución del 77.6% en este tipo de delito.
Sin embargo, a pesar de esta mejora generalizada, el robo de ganado sigue concentrándose en ciertas entidades federativas. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, se han acumulado 370 denuncias por este delito. Los estados de Tabasco, Veracruz y San Luis Potosí concentran el 30% de estas denuncias, destacándose como las regiones más afectadas. Esta concentración territorial refleja no solo las vulnerabilidades específicas de estas zonas, sino también posibles desafíos en materia de seguridad rural y fiscalización.
Por otro lado, al analizar la incidencia delictiva por cada millón de habitantes, Tabasco, Aguascalientes y San Luis Potosí encabezan la lista como las entidades con mayor tasa de robo de ganado. Estos datos subrayan la necesidad de implementar estrategias focalizadas que atiendan las particularidades de cada región. Mientras que en algunos estados el problema parece estar bajo control, en otros persiste como una amenaza para la economía local y la seguridad de los productores.
El contexto histórico del robo de ganado muestra fluctuaciones importantes. Por ejemplo, entre 2015 y 2016 se observó una reducción del 17%, seguida de un incremento del 15% en 2019. Sin embargo, desde entonces, la tendencia general ha sido a la baja. Entre 2020 y 2023, las cifras descendieron en un 28%, y para 2024-2025 se consolidó una disminución adicional del 4%. Este comportamiento sugiere que las políticas públicas implementadas en años recientes podrían estar teniendo un impacto positivo, aunque aún queda trabajo por hacer.
El robo de ganado no solo afecta a los productores directamente involucrados, sino que también tiene repercusiones económicas más amplias. Este delito pone en riesgo la cadena de suministro alimentario, aumenta los costos de producción para los ganaderos y genera inseguridad en las comunidades rurales. Además, la impunidad asociada a estos casos sigue siendo un reto. Muchas veces, los delincuentes operan en bandas organizadas que aprovechan la falta de vigilancia en áreas remotas.
Para abordar este problema, expertos recomiendan fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. También es crucial invertir en tecnología, como sistemas de geolocalización para el ganado y cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Asimismo, se debe fomentar la participación ciudadana mediante programas que incentiven la denuncia y promuevan la colaboración entre comunidades rurales y cuerpos de seguridad.
En conclusión, aunque el robo de ganado en México ha disminuido considerablemente en la última década, sigue siendo un tema prioritario para garantizar la seguridad rural y proteger uno de los pilares de la economía nacional. Las cifras presentadas por TResearch demuestran que el progreso es posible, pero también evidencian la necesidad de mantener e intensificar los esfuerzos para erradicar este delito. Solo mediante políticas integrales y la cooperación de todos los actores involucrados será posible construir un futuro más seguro para el campo mexicano.
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