La propuesta de reforma electoral en México plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) elimine en tiempo real contenidos considerados falsos o generados por inteligencia artificial (IA) que contribuyan a la desinformación. Esta medida busca salvaguardar la integridad de los procesos democráticos, especialmente ante el auge de herramientas de IA capaces de producir información manipuladora a gran escala. Sin embargo, la iniciativa genera controversia al no especificar criterios claros para determinar qué constituye desinformación, lo que podría derivar en interpretaciones subjetivas y abusos de poder.
Desde una perspectiva favorable, defensores de la propuesta argumentan que la desinformación representa una amenaza creciente para la democracia. En elecciones pasadas, campañas de noticias falsas han influido en la opinión pública, como se vio en 2018 y 2024. La capacidad de la IA para generar deepfakes —videos o audios falsos— amplifica este riesgo, justificando una intervención rápida por parte de una institución autónoma como el INE. Organizaciones como Article 19 y expertos en ciberseguridad respaldan mecanismos de verificación en tiempo real, siempre que se basen en estándares internacionales de transparencia y apelación, para evitar que la desinformación socave la confianza en el sistema electoral.
Por el contrario, críticos destacan el peligro de censura arbitraria. La ausencia de protocolos definidos para identificar contenidos falsos podría permitir decisiones sesgadas, vulnerando la libertad de expresión garantizada por el artículo 6 de la Constitución. Además, el INE enfrenta recortes presupuestarios significativos: en el presupuesto de 2025, se redujeron fondos en un 15% aproximado, mientras se le imponen nuevas obligaciones como la monitoreo digital en tiempo real. Esto genera dudas sobre su capacidad operativa, ya que requeriría inversiones en tecnología y personal especializado que no se contemplan. Analistas como María Elena Meneses, del Tecnológico de Monterrey, advierten que tales medidas podrían ser instrumentalizadas por el gobierno en turno para silenciar opositores.
Un elemento adicional de preocupación surge de acciones en estados gobernados por Morena. En Puebla, bajo el mandato de Sergio Salomón, se han implementado leyes que penalizan la difusión de información «dañina» en redes sociales, resultando en detenciones de periodistas y activistas. Similarmente, en Campeche, la administración de Layda Sansores ha impulsado regulaciones que obligan a plataformas a remover contenidos críticos al gobierno, bajo el pretexto de combatir fake news. Estos precedentes invitan a la polémica, ya que sugieren un patrón de control informativo que podría escalar a nivel nacional, afectando las elecciones intermedias de 2027. Opositores como el PAN y PRI argumentan que esto erosiona la autonomía del INE, convirtiéndolo en un censor estatal en lugar de un árbitro imparcial.
En un análisis equilibrado, la propuesta refleja tensiones entre seguridad electoral y derechos fundamentales. Mientras que la desinformación por IA demanda respuestas innovadoras, la falta de claridad y recursos podría fomentar autoritarismo digital. Para mitigar riesgos, se sugiere involucrar a sociedad civil en la definición de criterios y mecanismos de rendición de cuentas. De no abordarse estas brechas, la reforma podría polarizar aún más el debate público, cuestionando la responsabilidad de las instituciones en un contexto de erosión democrática.
