El supremo gobierno propondrá, en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Desunión la centésima reforma electoral de nuestra historia.
Es un decir que propondrá, de antemano sabemos que la fraudulenta mayoría oficialista aprobará, sin modificar una coma, lo que ordene la jefatura política; donde quiera que esta resida, en la Plaza de la Constitución o en las proximidades de la tumba de Pakal.
Habida cuenta de las formas y usos que se estilan ahora en la política mexicana, en el pandemónium parlamentario sin debate civilizado ni pluralismo constructivo, podemos anticipar que la susodicha reforma electoral tendrá como hilo conductor “legalizar” la hegemonía autoritaria que de facto ya ejerce la maquinaria electoral del régimen.
Las piezas de este artefacto son diversas; entre ellas: la organización partidaria gubernamental, debidamente articulada con los programas estatales el control de la población, vía subsidios sociales o engranajes cibernéticos; el uso faccioso de la comunicación gubernamental; la alineación de las autoridades y jueces electorales a los dictados del partido. Hoy todo esto es ilegal, está prohibido en la legislación electoral vigente que para todo efecto ya es letra muerta.
Si alguna duda hubiese de la degradación en los procesos electorales, basta analizar la costosa farsa –las dictaduras suelen ser manirrotas y ruinosas– del reciente festival de los acordeones, para consumar el golpe de estado judicial, validado por una apretada mayoría en el INE y bendecido alegremente por la patética judicatura del TEPJF.
Pero como el atropello a las leyes y la grosera ilegalidad está a la vista, procede cambiar las leyes para legalizar y facilitar cuanto trastupije y abuso se requiera, para que la mayoría tramposa reine por siglos de los siglos.
Por ahí viene la mentada reforma electoral, ya se escuchan ocurrencias: que los consejeros y jueces electorales pasen también por las urnas, se entiende, repletas de acordeones. Pero eso no es lo más divertido, también se quiere reducir al mínimo la representación plural en congresos y cabildos y aniquilar por inanición a la ya de por sí magra oposición.
En la prolongada serie de reformas electorales realizadas en nuestro país, hubo algunas podrían considerarse como progresistas; liberalizaron y oxigenaron a la llamada “dictadura perfecta”, otras sólo fueron de fachada, “gatopardistas”, cambiaron todo para que todo siguiera igual, también las hubo democratizadoras. En honor a la verdad, nunca hubo una reforma electoral descaradamente regresiva.
Cabe decir que aquellas reformas no fueron concesión graciosa del poder, todas fueron precedidas de conflictos electorales y sociales que exhibían el anquilosamiento del régimen y expresaban la exigencia ciudadana de libertad y democracia.
La ronda de reformas electorales que finalmente condujo a la transición democrática: elecciones libres, voto respetado, árbitros independientes, se inició después de la caída del sistema en 1988 y culminó en 1996.
Nadie discute que nuestra legislación electoral requiere una depuración, que promueva la elevación cívica del pueblo y limite los abusos de la partidocracia. Lamentablemente, habida cuenta del “ethos” prepotente y la voracidad megalómana de las tribus encaramadas en el poder, es de esperarse todo lo contrario.
@lf_bravomena
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