En el México de 2025, bajo el manto de la Cuarta Transformación, la impunidad se ha erigido como sello distintivo de Morena, el partido en el poder. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum promete continuidad en la lucha anticorrupción, una red de protección interna parece blindar a sus cuadros clave, incluso ante indagatorias impulsadas por el propio gobierno federal. Casos como los de Cuauhtémoc Blanco, Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández y Cuitláhuac García ilustran esta dinámica: acusaciones graves de corrupción y nexos con el crimen organizado que, lejos de resolverse, se diluyen en el fuero partidista. ¿Cuánto más sostendrá esta arquitectura de impunidad, en un contexto de escrutinio internacional y presiones internas?
Tomemos a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y figura mediática de Morena. En los primeros días de octubre de 2025, la Secretaría de Salud estatal y la Fiscalía morelense abrieron investigaciones por presunta corrupción en la compra de medicamentos, con contratos por 323 millones de pesos adjudicados a empresas ligadas a un consejero estatal del partido. Se estima un sobrecosto de 200 millones al erario, y un exfuncionario de su administración ya enfrenta imputación por irregularidades. Blanco, conocido por evadir a la prensa, no ha sido destituido ni expulsado de Morena, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado anomalías en su gestión desde 2021.
En Sinaloa, Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos aún más graves: vínculos con el Cártel de Sinaloa. Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 2024, actualizado en 2025, lo relaciona con «Los Chapitos», facción del clan Zambada. Una investigación de XpectroFM de agosto pasado revela su «complicidad» con el narco, y sus hijos operan un «gobierno paralelo» con presuntos lazos criminales, en un escándalo que involucra 3 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por encuentros con figuras como Julio César Chávez Jr., ligado al crimen, pero Rocha permanece en el cargo, negando «vínculos» solo para admitir «amistades». Agencias estadounidenses lo vigilan, según reportes de enero.
Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual líder de los senadores morenistas, encarna el núcleo de esta red. En septiembre de 2025, una investigación periodística expuso ocho horas de audios que lo vinculan a redes criminales, una fortuna inexplicable y pagos millonarios de empresas fantasma, falseando su declaración patrimonial. Indagatorias en México y EE.UU. por lavado y nexos con el narco no han derivado en cargos formales; su hijo cobra 800 mil pesos mensuales en la Cámara, alimentando críticas de nepotismo. López negó ocultamientos en una conferencia el 26 de septiembre, pero la opacidad persiste.
Cierra el cuadro Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz. El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un daño patrimonial de 2,372 millones de pesos en su último año, con irregularidades en obras emblemáticas y municipios. Acusado de usar el Poder Judicial contra opositores, García dejó un estado «en ruinas», según auditores, pero Morena lo ascendió a director de Cenagas, blindándolo de consecuencias.
Esta protección no es casual: el control morenista del Congreso y el Ejecutivo federal diluye las investigaciones de la FGR y Sedena, priorizando la lealtad partidista sobre la rendición de cuentas. Analistas ven en esto un «pacto de impunidad» que erosiona la legitimidad de la 4T. ¿Durará hasta 2027, con elecciones midterm acechando? La presión de la sociedad civil, la prensa y posibles fisuras internas –como las de Sheinbaum ante escándalos globales– podrían fracturarla. Si no, México arriesga un retroceso democrático donde el poder corrompe absolutamente, y la justicia, solo un espejismo.
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