México enfrenta una crisis sin precedentes en materia de protección infantil. Durante el año 2025, las denuncias por corrupción de menores alcanzaron su nivel más alto en la historia reciente, con un total de 3,199 casos registrados. Esta cifra representa un alarmante incremento del 13% en comparación con los datos de 2024, consolidando una tendencia al alza que no parece ceder.
El cierre del año pasado fue especialmente crítico para las infancias en el país. Tan solo en diciembre de 2025 se contabilizaron 242 denuncias por este delito, lo que significa un disparo del 42% frente al mismo mes del año anterior. Los datos revelan que este fenómeno no es un evento aislado, sino un problema estructural que ha mantenido un crecimiento sostenido desde 2019.
Radiografía del delito: los estados más afectados
El mapa de la corrupción de menores en México muestra focos rojos muy específicos. De acuerdo con las cifras analizadas, el 43% de todos los casos reportados durante el actual sexenio federal se concentran en tres entidades: Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México. Estas regiones se han convertido en los puntos de mayor persistencia regional para este tipo de criminalidad.
Al analizar la incidencia por cada millón de habitantes, el panorama cambia ligeramente, pero mantiene a Guanajuato a la cabeza con 108 casos. Le siguen de cerca Baja California Sur con 103 denuncias y Quintana Roo con 81 registros por cada millón de personas. Estas cifras subrayan la urgencia de políticas públicas diferenciadas para proteger a los menores en zonas turísticas y centros industriales del país.
Un reto persistente para la seguridad nacional
El informe destaca que, a pesar de los esfuerzos institucionales, la corrupción de menores se ha convertido en un delito «estructural». El aumento constante en las carpetas de investigación desde hace seis años sugiere que las estrategias actuales de prevención y combate no han logrado revertir la curva de violencia contra los más jóvenes.
Expertos en seguridad pública señalan que la concentración territorial del delito en estados clave para la economía y la política nacional debe ser una prioridad en la agenda de seguridad. La presión social crece a medida que los números confirman que el 2025 fue el año más oscuro para la integridad de los menores de edad en México.
