La reciente declaración del senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha generado un punto de inflexión en el debate sobre la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. En una entrevista con El Universal, Melgar reveló que los legisladores del PVEM acordaron votar en contra de la iniciativa, argumentando que las negociaciones con la Secretaría de Gobernación y líderes de Morena ignoraron sus demandas clave. Esta postura, si se confirma en toda la bancada, podría sepultar la reforma, ya que requiere mayoría calificada en el Congreso, dependiente en gran medida de los aliados de Morena como el PVEM y el PT.
El contexto surge de la iniciativa presidencial, programada para presentarse el 24 de febrero de 2026, que busca optimizar el sistema electoral mediante reducciones en costos y ajustes a la representación proporcional. Morena defiende estos cambios como medidas para fortalecer la democracia participativa, eliminar sobrerrepresentaciones y combatir la infiltración de recursos ilícitos en campañas, promoviendo una mayor equidad y transparencia en el financiamiento público. Sin embargo, críticos opositores, como el PAN, argumentan que tales modificaciones podrían centralizar el poder en un solo partido, debilitando el pluralismo y facilitando el control gubernamental sobre instituciones electorales.
Por su parte, el PVEM establece «líneas rojas» innegociables: preservar la fórmula actual de diputaciones y senadurías plurinominales, mantener el presupuesto asignado a partidos y garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). Melgar ha enfatizado que estos elementos son esenciales para evitar un «partido único» y proteger la diversidad política, acusando a Morena de falta de apertura en las discusiones. Esta posición resalta una tensión interna en la coalición oficialista, donde el PVEM, tradicionalmente aliado, prioriza su supervivencia institucional sobre la agenda transformadora.
Críticamente, esta resistencia invita a polémica al cuestionar si el PVEM defiende principios democráticos o intereses partidistas. Las plurinominales han sido criticadas por fomentar clientelismo y permitir el acceso a curules sin competencia directa, beneficiando a partidos menores como el Verde, que ha enfrentado acusaciones de oportunismo electoral en alianzas pasadas. Opositores ven en esta oposición un acto de responsabilidad institucional, mientras que simpatizantes de Morena la interpretan como obstruccionismo conservador que perpetúa ineficiencias y altos costos electorales, estimados en miles de millones de pesos anuales. Además, el rechazo podría exacerbar divisiones en el Senado, donde la mayoría calificada es más frágil, potencialmente obligando a Morena a buscar votos en la oposición o diluir la propuesta.
Analíticamente, este impasse refleja desafíos estructurales en el sistema político mexicano: la dependencia de coaliciones para reformas constitucionales y el equilibrio entre eficiencia y pluralidad. Si el PVEM mantiene su veto, la reforma podría estancarse, retrasando avances en temas como la violencia política de género o la regulación de campañas digitales. Alternativamente, nuevas negociaciones podrían surgir, aunque Melgar ha advertido contra intentos de «marear» a los aliados. El desenlace dependerá de la capacidad de diálogo, pero por ahora, la declaración de Melgar expone fisuras que podrían reconfigurar el panorama legislativo.
En redes sociales, voces divididas amplifican el debate: algunos celebran la defensa del INE, otros critican al PVEM por priorizar privilegios. Esta controversia subraya la necesidad de consensos amplios para reformas sustantivas, evitando polarizaciones que erosionen la confianza pública en las instituciones.
