El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso mexiquense propuso una nueva ley para establecer el Sistema Estatal de Seguridad Pública con instancias de conducción política (Consejo Estatal) y operación técnica (Secretariado Ejecutivo); homologar y profesionalizar el servicio de carrera policial mediante un certificado único policial obligatorio y un programa rector estatal de profesionalización, así como ordenar la seguridad privada.
La iniciativa de Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, presentada por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González y la legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez, coordinador e integrante de esta bancada, también busca consolidar un sistema estatal de información interoperable con el nacional, con analítica criminológica y transparencia proactiva, además de fortalecer la prevención social del delito con enfoque territorial, diferencial y de género.
De igual forma, pretende institucionalizar la participación ciudadana mediante observatorios, consejos vecinales, contralorías sociales y la atención integral a víctimas; articular la coordinación metropolitana y municipal, con fondos e incentivos por desempeño, así como garantizar evaluación y rendición de cuentas con indicadores comparables y publicables.
Plantea un modelo policial de proximidad y basado en evidencia, articulación de inteligencia, con patrullaje focalizado y participación vecinal. Además, este modelo privilegiará la resolución de problemas, la mediación y el uso racional de la fuerza.
En cuanto al Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública, contendría bases de datos sobre personal policial y certificaciones, detenciones y puestas a disposición, armamento y equipo, cadena de custodia y evidencias, medidas cautelares y órdenes de protección, seguridad privada, geodelincuencia y llamadas al 911, así como incidencias disciplinarias.
Se trata, en suma —señala el documento expuesto por la proponente—, de pasar de esfuerzos fragmentados a una política de Estado para la seguridad pública, medible, verificable y centrada en las personas.
El documento refiere que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 registra que 67.6 por ciento de la población de 18 años en adelante considera a la inseguridad como la principal preocupación de su entidad, mientras que 84.2 por ciento de las personas se siente insegura en el transporte público.
En este sentido, el proyecto subraya que la ciudadanía demanda resultados visibles, certidumbre en la calle, eficacia en la investigación, sanción y trato digno para las víctimas, por lo que este marco normativo, añade, es necesario, no sólo para una mejor coordinación, sino para hacer exigible la profesionalización, la información útil, la prevención basada en evidencia y la evaluación pública.
Asimismo, afirma que no duplica funciones federales ni municipales, sino que las ordena, armoniza y vuelve operables en el entorno mexiquense, toda vez que precisa competencias, desarrolla procedimientos —como la carga y verificación de datos, la emisión y seguimiento de órdenes de protección, la interoperabilidad con C5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad) y el 911—, aunado a crear incentivos con los fondos por desempeño, certificación y calidad de datos.
There is no ads to display, Please add some
