La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con personal de la policía municipal, realizó un operativo en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos, que derivó en el aseguramiento de 107 ejemplares de aves silvestres que eran ofrecidas ilegalmente para su venta, sin documentación que acreditara su legal procedencia.
El operativo se llevó a cabo como resultado de una denuncia ciudadana, que alertó sobre la comercialización de fauna silvestre en dicho tianguis. Durante un recorrido de vigilancia conjunto con la Policía Municipal de Yecapixtla, se detectó un puesto ambulante donde se vendían diversas especies de aves silvestres, motivo por el cual se procedió a la puesta a disposición de dos personas ante las autoridades.
Entre los ejemplares asegurados se encuentran 13 psitácidos mexicanos, cuya venta está prohibida desde el año 2008 y están enlistados en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); así como 6 ejemplares de dos especies de clarín y un trogon collaris, que se encuentran también en la Norma Oficial.
El resto de ejemplares (87) corresponden a distintas especies de vida silvestre: gorriones americanos (Sicalis luteola), tordos cabeza amarilla (Xantocephalus xantocephalus) y cardenales (Cardinalis cardinalis), que también requieren contar con documentación que acredite su legal procedencia, es decir, que demuestren que no fueron extraídas ilegalmente de su entorno natural, tal y como lo estipulan la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.
Tras el aseguramiento, las aves fueron trasladadas a las instalaciones de la Profepa en Morelos, donde quedaron bajo observación médico-veterinaria. Algunos ejemplares presentan afectaciones derivadas del hacinamiento, y uno de ellos, un trogón, registra una infección respiratoria severa. La evaluación técnica permitirá determinar si los ejemplares pueden ser reintegrados a su medio natural o canalizados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) autorizados.
Como parte del proceso legal, la Profepa elaborará el dictamen técnico pericial solicitado por la Fiscalía General de la República, con el fin de determinar el daño ambiental ocasionado por la comercialización ilegal de fauna silvestre y coadyuvar con la investigación penal correspondiente.
El tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito que se castiga con multa de trescientos a tres mil días y entre uno y nueve años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal. La denuncia ciudadana es fundamental para combatir este delito, que es una de las principales amenazas para la biodiversidad del país.
