Durante las últimas semanas, las calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México, vivieron grandes filas en busca de conseguir un cilindro del Gas Bienestar, estrategia que el Gobierno Federal creó para combatir el alza de precio en este combustible, pero ¿qué tan buena idea fue?, sin olvidar la política de precios máximos a las empresas privadas que distribuyen y venden este producto.
De acuerdo al análisis de Sofía Ramírez Aguilar, directora de la organización México, ¿cómo vamos?, poner un tope a los precios de dicho combustible provocará que deje de ser negocio para las empresas privadas que producen y trasladan el gas natural a los consumidores.
Incluso, esta acción ocasionará que exista desabasto del producto, pues «cuesta más surtirlo que no hacerlo». Por ello, aseguró que la empresa del Gas Bienestar no correrá con mejor suerte que Pemex y CFE, y acabará siendo muy costosa para el erario público.
Ramírez aclaró que el aumento del precio responde al mercado internacional, pues el 70% del gas LP que se consume en México es importado, es decir, los precios repuntan porque las empresas que traen gas LP a México lo adquieren al precio de venta de Estados Unidos.
Otra de las razones por las que encareció el precio del bien fue por los cierres y la reapertura de la pandemia. Sin embargo, al reactivarse la economía, la industria comenzó a demandar grandes cantidades de gas LP, pero los productores no pudieron ofrecer dicha cantidad a nivel global y por ello el precio internacional comenzó a elevarse rápidamente.
Los precios máximos, aseguró Sofía Ramírez, generan escasez en los productos e incentivan la proliferación del mercado negro.
La aplicación de precios máximos, dijo, no puede controlar el aumento del costo de un producto que viene del extranjero, «sobre todo si es tan importante para hogares e industria».
Y, si se subsidia con dinero público el precio máximo, se presionan más las finanzas públicas y los contribuyentes terminan pagando el subsidio.
Para la organización tampoco es viable crear una empresa estatal de gas LP porque no tiene buenos antecedentes, ya que Pemex y CFE han representado pérdidas millonarias para las y los mexicanos «en momentos en que más ayuda se necesitaba».
«No hay que destinar más recursos a las empresas productivas del Estado, es necesario impulsar la competencia de los gaseros e invertir en infraestructura para que su logística y distribución sea más eficiente y por tanto bajen los precios a los consumidores», finalizó.
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