El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como presidente de México estuvo marcado por una ambiciosa agenda de reformas estructurales, pero también por escándalos de corrupción que erosionaron su legitimidad y la confianza ciudadana, algo que ha sido ignorado tanto por López Obrador como por la presidenta Claudia Sheinbaum que recurren a culpar al pasado a la menor preocupación.
Este análisis evalúa los logros de su administración, los pendientes que dejó al gobierno sucesor y los casos de corrupción que definieron su periodo, basándose en datos y perspectivas de diversas fuentes, mostrando que si se quiere criticar lo que se hizo en el pasado, este periodo de gobierno también debe ser incorporado a las críticas que se hacen en las mañaneras.
Logros: Reformas estructurales y Pacto por México
Uno de los principales méritos de Peña Nieto fue la implementación de las reformas estructurales, consideradas un hito en la modernización institucional de México. A través del Pacto por México, un acuerdo político firmado en 2012 con los principales partidos (PRI, PAN y PRD), se lograron consensos para aprobar 11 reformas en sectores clave como educación, telecomunicaciones, energía, finanzas, trabajo y hacienda. La reforma energética, que abrió el sector petrolero a la inversión privada, fue destacada como un logro urgente por expertos, al permitir la modernización de Pemex y atraer inversión extranjera. Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financieros, subrayó su relevancia para enfrentar exigencias globales, pero López Obrador se cansó de señalar al Pacto como algo negativo para el país, pero sin mencionar a su principal arquitecto.
La reforma educativa buscó mejorar la calidad del sistema mediante evaluaciones docentes y cambios curriculares, aunque enfrentó resistencia de sindicatos. En telecomunicaciones, se promovió la competencia, reduciendo costos para los consumidores. Según el gobierno, estas reformas posicionaron a México como el segundo país más competitivo de América Latina en el Índice de Competitividad Global del WEF en 2018. Además, en política social, programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Seguro Popular ampliaron el acceso a servicios de salud, reduciendo la carencia de acceso a estos servicios de 21.5% en 2012 a 18.2% en 2014. Pero cuando se critica esta reforma se omite mencionar a Peña Nieto.
En el ámbito económico, la administración reportó la atracción de inversiones multianuales por más de 17 mil millones de dólares a través de ProMéxico y la modernización de tratados comerciales como el TLCAN (renegociado como T-MEC). Estas acciones fortalecieron la proyección internacional de México, aunque los beneficios macroeconómicos no siempre se tradujeron en mejoras perceptibles para la población, algo que no se dice en los discursos morenistas.
Escándalos de corrupción: Una sombra persistente
La corrupción fue el talón de Aquiles del gobierno de Peña Nieto, con escándalos que alimentaron la percepción de impunidad. El caso más emblemático fue el de la “Casa Blanca”, una mansión de 7 millones de dólares adquirida por la primera dama, Angélica Rivera, a un contratista cercano al presidente, Grupo Higa. La investigación periodística de 2014 reveló conflictos de interés, y aunque Rivera canceló la compra y Peña Nieto pidió disculpas en 2016, el daño a su credibilidad fue irreparable. Pero cuando se habla de corrupción, curiosamente se omiten este y otros hechos que exponemos a continuación.
Otro caso significativo fue la “Estafa Maestra”, un esquema de desvío de más de 7 mil millones de pesos a través de 11 dependencias federales, universidades públicas y empresas fantasma. La Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, fue señalada como protagonista. Este caso, destapado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, evidenció la falta de controles efectivos en la administración pública.
Además, 19 exgobernadores enfrentaron procesos o investigaciones por desvíos durante el sexenio, y la Secretaría de la Función Pública reportó irregularidades por 544 mil millones de pesos. La percepción ciudadana de corrupción creció: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2015, el 52.4% de los mexicanos consideraba la corrupción muy frecuente, frente al 42.9% en 2013. México cayó 29 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional entre 2012 y 2017.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en 2015, fue una respuesta reactiva a estos escándalos, pero su implementación fue calificada de incompleta y limitada por falta de recursos y voluntad política. La ausencia de una coalición sólida para sostenerlo y la precariedad de su financiación impidieron que se consolidara como una estrategia efectiva. Todo esto no es mencionado cuando se habla de corrupción desde las tribunas morenistas.
Pendientes: Violencia, desigualdad y economía estancada
El gobierno de Peña Nieto enfrentó desafíos estructurales que no logró resolver. La inseguridad fue un pendiente crítico: aunque los homicidios disminuyeron inicialmente, repuntaron a partir de 2016, alcanzando una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes en 2017, la más alta desde 1990. El caso de Ayotzinapa (2014), con la desaparición de 43 normalistas, y los asesinatos de 46 periodistas, como Javier Valdez y Miroslava Breach, evidenciaron fallos en la estrategia de seguridad y la protección de derechos humanos. La falta de una política clara de prevención y la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública fueron criticadas por expertos, pero cuando se habla de este fenómeno las críticas se dirigen a Felipe Calderón, omitiendo los errores cometidos por Peña Nieto.
Económicamente, México no aprovechó el superciclo de commodities (2000-2014) para reducir la pobreza y la desigualdad, a diferencia de otros países latinoamericanos. El modelo neoliberal, continuado desde los años 80, mantuvo bajos salarios y un mercado laboral precario, con alta informalidad y escasa creación de empleos de calidad. La baja inversión estatal y privada, junto con una recaudación fiscal limitada, restringieron el crecimiento del mercado interno, algo que tampoco se menciona en los discursos desde Palacio Nacional, que no quieren tocar ni con el pétalo de una crítica al expresidente.
En política social, las reformas no lograron mejorar significativamente el nivel de vida. La pobreza se mantuvo elevada, y la desigualdad aumentó, según Fundar. La implementación deficiente de iniciativas, como el fallido programa Ciudades Bicentenario, dejó proyectos abandonados y recursos malgastados, algo que tampoco se menciona en las críticas desde el partido oficial.
Evaluación final
El gobierno de Peña Nieto se caracterizó por una ambiciosa agenda reformista que buscó modernizar México, pero su legado está opacado por escándalos de corrupción y resultados insuficientes en seguridad y bienestar social. Las reformas estructurales sentaron bases para el crecimiento a largo plazo, pero su impacto inmediato fue limitado por factores externos, como la volatilidad económica global, y por errores internos, como la falta de transparencia. La corrupción, percibida como endémica, y el aumento de la violencia minaron la confianza en las instituciones, dejando a la administración de Andrés Manuel López Obrador un país con instituciones debilitadas y desafíos estructurales profundos.
El sexenio de Peña Nieto refleja la paradoja de un gobierno con logros institucionales significativos pero incapaz de traducirlos en beneficios tangibles para la mayoría. La lección es clara: sin un combate efectivo a la corrupción y una estrategia integral contra la inseguridad, incluso las reformas más ambiciosas pierden legitimidad ante una ciudadanía desencantada.
Pero nada de esto es tomado en cuenta por los críticos del partido oficial que sólo se dedican a atacar al PAN, dejando en paz en su exilio dorado a quien es considerado uno de los políticos más corruptos de México en su historia reciente, ¿por qué este trato provilegiado hacia Peña Nieto?
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