La investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, presenta similitudes con la indagatoria sobre el colapso de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México en mayo de 2021. Ambos incidentes involucran megaobras emblemáticas de administraciones vinculadas a Morena, con saldos trágicos: el primero dejó al menos 13 fallecidos y más de 100 heridos, mientras el segundo causó 26 muertes y decenas de lesionados. Estas coincidencias en el manejo oficial generan interrogantes sobre patrones en la gestión de crisis, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que podrían avivar debates públicos sobre la eficacia de las instituciones.
En el caso del Tren Interoceánico, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación para determinar causas, coordinando peritajes con autoridades federales. Sin embargo, voces cercanas al oficialismo han sugerido sabotaje por parte de la oposición, desviando la atención hacia supuestas campañas de desprestigio contra el anterior gobierno. Paralelamente, se han registrado quejas contra la oposición por presuntamente lucrar políticamente con la tragedia, y reclamos a los medios por difundir imágenes de las víctimas. La promesa de un peritaje independiente se mantiene, pero comunidades locales señalan negligencia de la Marina, responsable de la obra, y posibles fallos en mantenimiento. Analistas destacan que este incidente es el sexto en dos años para trenes inaugurados bajo gobiernos de Morena, cuestionando la planeación y ejecución.
Estas dinámicas evocan el colapso de la Línea 12, donde iniciales alegatos de sabotaje por morenistas buscaron desviar culpas, mientras se criticaba a la oposición por explotar el dolor social. La investigación oficial incluyó un peritaje de la firma noruega DNV, que apuntó a errores en construcción y mantenimiento durante administraciones previas, pero el gobierno descartó partes del informe que implicaban responsabilidades actuales, optando por conclusiones internas. No se llegó a procesar a altos funcionarios, y la promesa de justicia integral quedó inconclusa, generando percepciones de impunidad.
Los paralelismos invitan a polémica: ¿existe un patrón de minimizar fallos estructurales mediante narrativas de conspiración? En ambos casos, la oposición exige auditorías independientes y sanciones, mientras el oficialismo enfatiza apoyo a víctimas y rechaza politización. Críticos argumentan que tales enfoques erosionan la confianza pública en megaobras, como el Tren Interoceánico, ideado para impulsar el Istmo de Tehuantepec, pero plagado de incidentes que cuestionan su viabilidad. Además, la vinculación de empresas constructoras con posibles conflictos de interés añade capas de controversia, sugiriendo corrupción o negligencia sistemática.
En síntesis, estas investigaciones reflejan tensiones entre responsabilidad del gobierno y estrategias defensivas, potencialmente polarizando el debate nacional sobre infraestructura pública. Sin avances concretos, podrían perpetuarse ciclos de desconfianza, afectando la percepción de la administración actual.
