El análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) titulado «Sostenibilidad de la deuda en México: ¿Inicio de la consolidación fiscal?» aborda los desafíos presupuestales que enfrenta México en sectores clave como salud, educación y seguridad.
Según las proyecciones de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025, se anticipa una reducción de la deuda pública al 43.7% del PIB para 2030, lo que indica una tendencia hacia la consolidación fiscal. Sin embargo, este logro depende de incrementos en los ingresos presupuestarios y recortes en el gasto público. Estas medidas podrían afectar negativamente áreas esenciales para el bienestar social. Se estima que, de no revertirse las reducciones propuestas, el gasto en educación, inversión pública y salud podría disminuir a mínimos históricos del 2.7%, 1.1% y 2.3% del PIB, respectivamente, para 2030.
Esta contracción limitaría el acceso a derechos básicos y comprometería el crecimiento económico y la productividad laboral. Además, el envejecimiento poblacional incrementará la demanda de servicios como cuidados, salud y pensiones, ejerciendo mayor presión sobre los recursos fiscales.
La disminución de los ingresos petroleros y la crisis financiera de Pemex complican aún más el panorama fiscal, evidenciando la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso gubernamentales. Por lo tanto, la sostenibilidad fiscal debe ir más allá del control del endeudamiento, buscando también garantizar la equidad intergeneracional y proteger el bienestar social.
La deuda pública de México alcanzará su punto máximo en 2025, situándose en un 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB). A partir de ese año, se anticipa una disminución gradual, estimando que para 2030 la deuda se reduzca al 43.6% del PIB.
La presión de los programas sociales
El análisis del CIEP destaca que, aunque se proyecta una reducción de la deuda pública al 43.6% del PIB para 2030, este logro podría tener repercusiones significativas en la redistribución del ingreso debido a los recortes propuestos en el gasto público, especialmente en sectores clave como educación y salud.
Además, el documento señala que los contratos sociales en México, que incluyen transferencias intergeneracionales como pensiones, educación y cuidados, deben ser revisados continuamente para adaptarse a las nuevas realidades demográficas, sociales y tecnológicas. Un sistema equitativo debería garantizar que todas las generaciones reciban beneficios de manera sostenible y a largo plazo.
Por lo tanto, aunque las pensiones y programas sociales son fundamentales para el bienestar de la población, su financiamiento representa un desafío para la consolidación fiscal, especialmente en el contexto de una población envejecida que incrementa la demanda de estos servicios. Es crucial encontrar un equilibrio que permita mantener la sostenibilidad fiscal sin comprometer el acceso a derechos básicos y la equidad intergeneracional.
Además, el envejecimiento poblacional incrementará la demanda de servicios como cuidados, salud y pensiones, ejerciendo mayor presión sobre los recursos fiscales. La disminución de los ingresos petroleros y la crisis financiera de Pemex complican aún más el panorama fiscal, evidenciando la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso gubernamentales.
Como una de las conclusiones del estudio, se plantea que «la sostenibilidad fiscal no debe limitarse únicamente al control del endeudamiento, sino que también debe garantizar la equidad intergeneracional y proteger el bienestar social. Esto implica una gestión integral de los ingresos, gastos y deuda pública, que no afecte negativamente a la economía, la redistribución del ingreso ni incremente la carga fiscal para las generaciones futuras».
Puede leer el estudio completo en este enlace.
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