En las redes no paran de dar vueltas los comentarios sobre la decisión de la Fiscalía General de la República de clasificar por cinco años —hasta 2031— la información del interrogatorio que le aplicó en mayo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La dependencia argumenta que revelarla representa un “riesgo a la seguridad nacional” y que podría exponer las líneas de investigación de la carpeta que se abrió a partir de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en una corte de Nueva York.
Versiones que circulan en plataformas digitales, algunas confirmadas por reportes de medios y otras que son simples comentarios de usuarios, señalan que la FGR asegura no haber encontrado pruebas suficientes bajo el estándar mexicano para proceder contra Rocha ni contra otros nueve señalados. Sin embargo, en las redes la pregunta se repite sin descanso: si no hay nada que esconder y no existen elementos en su contra, ¿por qué meter bajo llave el cuestionario y las respuestas?
Usuarios apuntan que el interrogatorio se realizó precisamente por los cargos que formularon fiscales estadounidenses por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de los Chapitos. Hay quienes vinculan la reserva con un intento de proteger la investigación en curso; otros, en cambio, hablan de opacidad y de que la medida genera más sospechas de las que aclara. Comentarios no confirmados especulan sobre posibles acuerdos políticos o sobre el regreso reciente de Rocha a la gubernatura después de más de cien días de licencia, en medio de una indagatoria que, según la propia Fiscalía, sigue abierta.
Trascendidos que se leen en publicaciones recientes recuerdan que la Secretaría de Relaciones Exteriores transparentó algunos documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional, pero mantuvo reservadas las notas diplomáticas. Mientras tanto, en las redes se cruzan opiniones que van desde quienes piden transparencia total hasta quienes defienden que las carpetas de investigación no pueden airearse a la ligera.
Lo cierto, según las versiones oficiales que se han filtrado y los comentarios que se multiplican, es que la clasificación fue ratificada por el Comité de Transparencia de la FGR. Hasta 2031, o mientras subsistan las causas, nadie sabrá de forma pública qué le preguntaron a Rocha Moya ni qué contestó. Y en el espacio digital esa oscuridad sigue alimentando todo tipo de sospechas, confirmadas o no.
