En redes no se habla de otra cosa: el “mayor golpe contra el huachicol del sexenio” se está desinflando más rápido que un globo pinchado. Hace una semana la Fiscalía General de la República y las autoridades de Guanajuato presumieron el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de San José Iturbide. Diez tanques, pipas, documentos… todo el show. “Histórico”, dijeron. Ahora las versiones que circulan pintan otro panorama.
Fuentes de la propia Fiscalía, según reportó La Jornada, ya dejan entrever que todo apunta a que el combustible era legal. Grupo SIMSA, a través de su empresa Gas Natural del Noroeste, salió a decir que tiene todos los permisos y que entregó la documentación para acreditar el origen del producto. “Nosotros solo almacenamos lo de los clientes, que son empresas con permisos en regla”, se lee en los comunicados que se viralizaron. En comentarios de usuarios en X y Facebook abunda el sarcasmo: “¿Entonces fue un decomiso de combustible legal? ¡Qué eficiencia!”.
Pero hay un detalle que en redes está explotando más fuerte. Versiones no confirmadas —que ya corren como pólvora— señalan que la orden de cateo iba dirigida contra Gas del Noreste. La empresa que intervenieron fue Gas Natural del Noroeste. Un cambio de una sola palabra, “Noreste” por “Noroeste”, y se armó el circo. Usuarios preguntan: “¿Cómo se les confunde el nombre de la empresa en un operativo de esta magnitud?”. Otros van más lejos y hablan de “pifia monumental” o de que “alguien no revisó bien los papeles”.
Sobre este fiasco ya hay un responsable señalado. Según reportes que circulan y que se repiten en distintas cuentas, Juan Francisco Vera Ayala fue cesado o renunció como delegado de la FGR en Guanajuato después del operativo. Algunas publicaciones aseguran que su salida se formalizó en estos días; otras versiones dicen que la Fiscalía lo desmintió. Lo cierto es que el nombre del funcionario está en todos los hilos y los comentarios no perdonan: “El peón del tablero pagó los platos rotos”.
Mientras tanto, en las redes la narrativa oficial se resquebraja. Hay quien defiende que la investigación sigue y que todavía no se cierra el caso. Hay quien asegura que fue puro teatro para llenar estadísticas. Y hay quienes, más cautelosos, recuerdan que se trata de versiones, trascendidos y comentarios de usuarios, no de resoluciones judiciales firmes.
Lo que nadie discute es que de “mayor golpe del sexenio” pasamos a un operativo bajo sospecha, con una posible confusión de nombres de empresas y un delegado que ya no está (o que dicen que ya no está). En el espacio digital el juicio ya se dio. Ahora falta ver qué dice la Fiscalía cuando termine de revisar los papeles… si es que los revisa.
