El 28 de septiembre, entraron en vigor los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias en radio y televisión. Según lo que circula en redes y en comunicados oficiales, a partir de ahora las estaciones y canales deben tener un código de ética, nombrar a una persona defensora de las audiencias y atender quejas en un plazo de veinte días. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones asegura que no revisará ni calificará contenidos, ni decidirá qué es verdadero o falso: solo vigilará que el procedimiento se cumpla. Eso es lo que se dice de manera formal.
En las redes, sin embargo, las versiones se multiplican. Hay quienes celebran que por fin las audiencias tendrán un mecanismo claro para quejarse cuando sientan que la publicidad se disfraza de noticia o cuando la información no se distingue de la opinión. Otros, en cambio, escriben con desconfianza. “Suena bien en el papel, pero el organismo que lo aplica depende del gobierno”, se lee en varios comentarios. “Si ya tienen tanta aprobación y tantos logros, ¿para qué tanto afán de ponerle candado a lo que se dice en la radio y la tele?”, preguntan usuarios que no firman con nombre completo, pero que repiten la misma sospecha una y otra vez.
Circula también la idea de que esto no viene solo. En paralelo se habla de iniciativas para regular contenidos en redes sociales, de reformas a derechos de autor que tocan plataformas digitales y de debates sobre memes, comentarios y “desinformación”. Algunos usuarios lo resumen de forma directa: “Primero la tele y la radio, después las redes. El patrón es el mismo”. Otros más cautos advierten que se trata solo de rumores y que la autoridad ha insistido en que no habrá censura previa. Aun así, la conversación no se detiene. Hay quien menciona que en la consulta pública la mayoría de los comentarios fueron en contra precisamente por el temor a que se abriera la puerta a un control más estrecho. Esa versión no está confirmada al detalle por todos, pero se comparte con insistencia.
Lo que más llama la atención, y aquí es donde aparece la frase que se repite en cientos de publicaciones, es la contradicción aparente. Un gobierno que presume logros, que cuenta con mayoría en casi todos los frentes y que, según las mediciones que se difunden, tiene una aprobación más alta que el chocolate, se preocupa tanto por lo que se dice en los medios electrónicos y por los memes que circulan en las redes. “Si todo va tan bien, ¿por qué les importan tanto los comentarios de la gente?”, escriben varios. “Algo no cuadra”, concluyen otros, sin rodeos.
Hay quienes interpretan esto como una medida de protección legítima de las audiencias. Hay quienes lo ven como un intento de acotar la crítica antes de que crezca. Y hay quienes simplemente se limitan a señalar la rareza: con tanto respaldo popular, con un presente que se describe como brillante y un futuro que se pinta de color de rosa, el interés por regular lo que se escucha y se ve (y, de paso, lo que se escribe en las redes) genera más preguntas que respuestas. Las versiones no confirmadas, los trascendidos y los comentarios de usuarios se mezclan y crean un ambiente de sospecha que no se despeja con comunicados oficiales.
Mientras tanto, las estaciones de radio y los canales de televisión ya tienen plazos para registrar sus códigos y nombrar a sus defensores. Las redes, por su parte, siguen llenas de memes, críticas y especulaciones. El tema está en el aire, literalmente, y la conversación no parece que vaya a callarse pronto. Algo, efectivamente, no cuadra del todo.
