La plataforma Narcopolíticos, impulsada por la organización Defensorxs, el medio Pie de Página y el periodista Óscar Balderas, ha incorporado recientemente a dos figuras prominentes en su registro de políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. Se trata del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, militante del PRI, y del senador Carlos Lomelí, de Morena. Estas adiciones, basadas en documentos oficiales, reportes de inteligencia y publicaciones periodísticas, intensifican el escrutinio sobre la permeabilidad de la clase política mexicana ante el narcotráfico.
De la Garza, actual edil regiomontano, aparece en narconóminas recuperadas por el Ejército en 2009 tras enfrentamientos con Los Zetas en Nuevo León. Estos registros detallan presuntos pagos a funcionarios de seguridad, incluyendo a De la Garza en su etapa como director de Averiguaciones Previas. Adicionalmente, investigaciones lo ligan al Cártel de Sinaloa mediante contratos municipales por 10 millones de pesos adjudicados a empresas fantasma señaladas por lavado de dinero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 240 recomendaciones por tortura sistemática durante su gestión como procurador, prácticas que, según reportes de la ONU, buscaban fabricar culpables para inflar resultados contra el crimen. De la Garza ha rechazado estas imputaciones, calificándolas como ataques políticos orquestados por adversarios, y ha enfatizado su trayectoria en combate a la delincuencia organizada.
Por su parte, Lomelí, senador por Jalisco y exdelegado federal, enfrenta señalamientos por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyeron a su empresa Lomedic en listas de entidades relacionadas con narcotráfico, por presuntamente suministrar precursores químicos para metanfetaminas. Lomelí admitió en investigaciones pasadas ciertas transacciones, pero las atribuyó a operaciones legítimas en el sector farmacéutico, negando cualquier colusión criminal y argumentando que las acusaciones responden a intereses económicos competidores.
Estas revelaciones coinciden con la detención, en febrero de 2026, del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por extorsión, corrupción y presuntos lazos con el CJNG. El operativo federal, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también capturó a tres funcionarios municipales. La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del caso, afirmando que la justicia actúa sin distinciones partidistas. Sin embargo, opositores como el PAN celebran la acción pero cuestionan su selectividad, recordando que Rivera Navarro pertenecía a Morena, mientras figuras como Lomelí permanecen en funciones.
El proyecto Narcopolíticos resalta un patrón estructural: la impunidad que permite a políticos de diversos partidos colaborar con cárteles, erosionando la democracia. Defensores del gobierno argumentan que las detenciones demuestran compromiso con la responsabilidad, priorizando evidencia sólida sobre afiliaciones. Críticos, en cambio, ven un enfoque reactivo y posiblemente sesgado, donde opositores enfrentan mayor escrutinio que aliados. Expertos en seguridad, como los de Artículo 19, advierten que sin reformas institucionales para blindar candidaturas, el narcoestado se perpetúa.
El dilema central invita a polémica: ¿avanzará la Fiscalía General de la República contra De la Garza y Lomelí con igual rigor, o prevalecerá la percepción de justicia selectiva? Esta interrogante interpela la integridad del sistema político, demandando transparencia y acción imparcial para restaurar la confianza ciudadana.
