En el corazón de la Cuarta Transformación, donde la unidad se predica como dogma, surgen grietas profundas que cuestionan la solidez del proyecto morenista. Dos casos emblemáticos en Baja California y Tabasco ilustran un patrón inquietante: gobernadores actuales de Morena denunciando a sus antecesores por presuntos lazos con el crimen organizado, solo para que las interrogantes periodísticas sean despachadas como «campañas de desprestigio» de la derecha. ¿Se trata de purgas internas genuinas o de un velo para ocultar alianzas tóxicas que amenazan la credibilidad del partido?
En Baja California, la tensión entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su antecesor Jaime Bonilla Valdez, ambos de Morena, escaló a niveles explosivos. Bonilla, quien gobernó de forma interina entre 2019 y 2020, ha sido un crítico implacable. En 2022, desde la tribuna del Senado, acusó directamente a Ávila de negociar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alegando que su administración toleraba la narcoviolencia a cambio de «pactos» implícitos. Estas denuncias resurgieron en mayo de 2025, cuando Estados Unidos canceló la visa de Ávila y su esposo, citando «preocupaciones de seguridad nacional» vinculadas al narcotráfico. Bonilla, en un tuit viral, reiteró: «No todos tienen la capacidad de perseguir al crimen; algunos lo protegen». Ávila negó rotundamente los nexos, afirmando que las acusaciones son «injustas» y orquestadas por opositores. Morena, a través de su bancada en el Congreso local, condenó el episodio como una «campaña malintencionada» de la derecha, sin profundizar en las evidencias presentadas por su propio senador.
El caso de Tabasco pinta un panorama similar, pero con ecos de traición familiar. Javier May Rodríguez, gobernador desde 2021, ha chocado frontalmente con Adán Augusto López Hernández, su predecesor y figura clave en el círculo de Andrés Manuel López Obrador. El detonante: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública bajo López (2019-2021), acusado por May de liderar «La Barredora», un grupo criminal afín al CJNG responsable de secuestros, extorsiones y lavado de dinero. Bermúdez, apodado «Comandante H», huyó en enero de 2025 y enfrenta una ficha roja de Interpol; su historial incluye propiedades de lujo inexplicables y nexos con el huachicol fiscal. May prometió «no encubrir a nadie», iniciando investigaciones que blindaron por cinco años la información patrimonial de Bermúdez, avivando sospechas de protección selectiva. Las acusaciones fracturaron al «grupo Tabasco», con May distanciándose públicamente de López, quien ha evadido el debate. Ante preguntas de la prensa, Morena replicó el guion: «Es una operación de la oposición para desestabilizar», ignorando las pruebas federales que Omar García Harfuch validó con órdenes de aprehensión.
¿Qué ocultan estas dinámicas? A primera vista, parecen luchas de poder post-López Obrador, donde lealtades se reconfiguran ante la presidencia de Claudia Sheinbaum. Bonilla y López, delfines frustrados, podrían estar saboteando a sucesores para posicionarse en 2027 o 2030. Sin embargo, el patrón sugiere algo más oscuro: una red de «pactos de impunidad» con el crimen organizado, heredados de administraciones previas y expuestos por rivalidades internas. En Baja California, la proximidad a la frontera amplifica riesgos de filtraciones a EE.UU., como la visa revocada. En Tabasco, el control territorial del CJNG vía «La Barredora» revela fallas sistémicas en la «estrategia de abrazos, no balazos». Al desviar culpas a la «derecha», Morena evita autocrítica, protegiendo a figuras intocables como López, quien aspira a la SCJN.
Estas fisuras erosionan la narrativa anticorrupción de Morena. Si no se transparentan investigaciones independientes —con participación de la FGR y no solo promesas locales—, el partido arriesga una hemorragia de credibilidad. México no puede permitirse que el combate al narco sea un arma de facciones internas. La verdadera transformación exige rendición de cuentas, no excusas recicladas.
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