En marzo de 2025, México enfrenta un nuevo pico en el delito de narcomenudeo. De acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y analizados por TResearch International, se registraron 8,691 denuncias a nivel nacional, lo que representa un aumento del 8% comparado con el mismo mes de 2024. Este crecimiento no es aislado, sino parte de una tendencia preocupante que ha marcado el sexenio actual.
Desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han acumulado 26,550 denuncias relacionadas con narcomenudeo, lo que refleja una escalada constante en este delito que afecta principalmente a comunidades vulnerables y centros urbanos saturados por la presión de grupos criminales locales e internacionales.
Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California encabezan la lista de entidades con mayor concentración de casos, acaparando el 40% del total nacional. Pero más allá de los números absolutos, llama la atención la proporción relativa: SLP, GTO y Colima lideran las tasas más altas de denuncias por cada millón de habitantes, lo que indica una penetración profunda del fenómeno en regiones donde el control territorial de cárteles y células delictivas es notable.
El análisis histórico revela una curva ascendente desde 2015, cuando apenas se reportaban unos miles de casos anuales. En 2025, esa cifra se multiplica por más de tres. El ritmo de crecimiento no solo se mantiene, sino que se intensifica: entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el incremento fue del 8%, superando incluso los aumentos anuales promedio observados en años previos.
No todas las entidades presentan el mismo comportamiento. Mientras Chiapas, Tabasco y otras entidades muestran un repunte inquietante, algunas regiones logran contener parcialmente el avance del delito. Sin embargo, el mapa del narcomenudeo sigue siendo dominado por estados del centro y norte del país, donde la violencia asociada a rutas de distribución y puntos de venta al menudeo genera un clima de inseguridad persistente.
Este fenómeno tiene implicaciones sociales profundas. El narcomenudeo no solo alimenta la violencia directa entre grupos rivales, sino que también afecta la calidad de vida de miles de familias, especialmente en zonas marginadas donde la oferta de drogas y la presión del crimen organizado se convierten en parte del paisaje cotidiano.
Las autoridades enfrentan un reto mayúsculo: combatir una red difusa y adaptable que opera bajo modelos descentralizados, difícil de atacar con estrategias tradicionales. La respuesta requiere coordinación federal-estatal, inteligencia enfocada, y políticas sociales que rompan el ciclo de reclutamiento de jóvenes en zonas de riesgo.
México está en una encrucijada. El narcomenudeo ya no es solo un problema policial, sino un asunto de salud pública, educación y desarrollo comunitario. Y si los datos siguen su curso actual, las próximas estadísticas podrían ser aún más alarmantes.
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