En teoría, una iniciativa de ley tiene que pasar por varias etapas para ser aprobada en el Congreso de la Unión, pues no basta con presentarla, sino que hay varias etapas de análisis y discusión, tanto en comisiones como en el pleno de alguna de las cámaras que va a votar para reformar una ley o aprobar una nueva legislación.
Este proceso implica que el legislador tenga algo de conocimiento sobre la materia en la que va a votar, pues el legislativo tiene la facultad de corregir, adicionar o modificar el sentido de alguna iniciativa, incluso rechazarla si se considera que no es viable su aprobación.
La discusión es fundamental para revisar si la ley no contraviene otros ordenamientos o la propia Constitución, así como para corregir algún detalle o enriquecerla, lo que ayuda a obtener apoyo para la votación y eventual aprobación.
Históricamente, solo una fracción de las iniciativas presentadas en el Congreso federal se aprueba. Basado en casos como el de Puebla –durante lo que va de 2025– en donde sólo 12% de las iniciativas presentadas fueron aprobadas y el paquete de Morena en 2023 (con un 50% de aprobación para las iniciativas prioritarias por el presidente), podríamos estimar que entre el 10% y 20% de las iniciativas totales se aprueban en un periodo legislativo típico, con un porcentaje mayor para las del Ejecutivo cuando hay mayoría legislativa.
Pero el problema es que ahora, los legisladores del partido oficial están aprobando leyes sin siquiera revisarlas o –lo que es peor– sin leerlas.
Un ejemplo es lo que acaba de pasar con la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum con relación a la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue entregada el miércoles en el Senado y el jueves aprobada en comisiones unidas de la Cámara Alta, para que pase al pleno para su votación el próximo lunes.
Es decir, con sólo unas cuantas horas de trabajo, la mayoría de los legisladores del partido oficial y aliados aprobaron en comisiones una iniciativa que, de acuerdo no sólo con senadores de la oposición sino también con especialistas y organizaciones ciudadanas, implica una regresión en materia de libertad de expresión.
El pretexto fue la transmisión de un spot pagado por el gobierno de Estados Unidos a través de Televisa, en el que se criminaliza a los migrantes al tacharlos de delincuentes, mensaje que dejó de presentarse.
Pero con ese pretexto se presentó una iniciativa que no reforma un artículo en la ley correspondiente, sino que presenta un nuevo proyecto de legislación –de 226 páginas– que busca otorgar y revocar concesiones, supervisar contenidos de radio, TV y redes; también otorga al gobierno la posibilidad de bloquear plataformas digitales, limitar publicidad y controlar narrativas y pretende convertir al Estado en proveedor de internet, centralizando el poder en la Agencia de Transformación Digital.
Pero lo que es más preocupante es que, como argumenta la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), “la redacción actual de la iniciativa posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida”.
La senadora Alejandra Barrales comentó en la discusión en comisiones, “vamos a aprobar una propuesta que me atrevería a firmar, ni siquiera la mayoría ha leído”.
Adicionalmente, la senadora Claudia Anaya señaló que “esta ley es inconstitucional. Entrega facultades legislativas al Ejecutivo. Viola los artículos 6, 7, 28 y 73 de la Constitución, así como más de 30 tratados internacionales”.
Por su parte, el senador Ricardo Anaya dijo que “si no podían quitar los anuncios de Trump ¿Por qué ya no están al aire?”
Para el analista Javier Tejado, en un mensaje en su cuenta de X (Twitter), “hay mucha censura contra la radiodifusión, TV restringida, plataformas digitales, Apps y hasta para los informativos que se originan desde el extranjero y se ven en México (CNN, Fox, France24, RT, etc.). Es una regresión, producto del descuido. ¿Nadie revisa lo q le pasan a la Sra. Presidenta?”
Pero para los legisladores del bando oficial, es algo necesario puesto que “la televisión, la radio, la prensa, las redes… tienen un poder inmenso. El Estado debe actuar cuando se usa para sembrar odio o dividir al pueblo”, como indicó la senadora del PT Lizeth García, además de que el senador Aníbal Ostoa reconoció que “es momento de defender el control de nuestras narrativas, de nuestras pantallas y de nuestras decisiones”.
La única esperanza, como señaló la presidenta en la mañanera del jueves 24 de abril, es que se posponga la votación en el pleno de la Cámara de Senadore para modificar la redacción de algunos artículos por los señalamientos de censura al decir que “hay que corregir la redacción”.
También Ricardo Monreal, sin especificar, dijo que presentará cambios a la iniciativa cuando llegue a la Cámara de Diputados.
Esta historia no termina y veremos si triunfa la ambición de censurar y controlar las plataformas digitales de los integrantes del partido oficial o si se impone la razón y se eliminan los artículos que entregan el control al gobierno.
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