La administración federal encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ha sustentado en dos pilares inamovibles: la expansión histórica de los programas sociales, enmarcados en la política del «Humanismo Mexicano», y una firme promesa de campaña: no crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes. Sin embargo, la realidad fiscal del país y la creciente presión de un gasto social multimillonario han puesto en tensión este binomio, llevando al gobierno a implementar una estrategia de ingresos que, si bien evita una reforma fiscal frontal, ha generado un incremento efectivo en la carga tributaria para los consumidores y sectores específicos.
El motor de gasto de esta administración ha sido la política de transferencias directas, cuyo presupuesto se ha triplicado en comparación con sexenios anteriores. Programas como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y las Becas Benito Juárez han pasado de ser apoyos a constituir derechos constitucionales, asegurando una base de gasto estructural y en constante crecimiento. El argumento oficial es que este gasto es una herramienta de justicia social y redistribución de la riqueza, priorizando a los sectores más vulnerables de la población.
Desde su llegada al poder en 2018, Morena ha priorizado iniciativas como Pensiones para el Bienestar, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, destinando miles de millones de pesos anuales para apoyar a sectores vulnerables. Estos programas, aunque populares, han generado un gasto público que supera los ingresos disponibles, especialmente en un contexto de desaceleración económica post-pandemia y fluctuaciones en los precios del petróleo. Para 2025, el presupuesto federal estima un déficit significativo, obligando al gobierno a buscar fuentes alternativas de recaudación sin recurrir a deuda masiva, que podría comprometer la calificación crediticia del país.
Para financiar este gasto sin incurrir en una reforma tributaria impopular, la estrategia gubernamental se ha basado en tres ejes: austeridad, combate frontal a la evasión fiscal y el uso selectivo de los impuestos especiales y derechos.
En el primer punto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado un aumento histórico en la recaudación, no a través de un alza de tasas, sino mediante una fiscalización más estricta y el cobro de grandes adeudos a las principales corporaciones del país. Este enfoque ha permitido presumir un incremento en los ingresos sin «romper la promesa» de no modificar las leyes de impuestos sobre la renta (ISR) o al valor agregado (IVA).
No obstante, el dilema fiscal se ha resuelto con ajustes a otros instrumentos que sí impactan directamente el bolsillo del ciudadano: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y los derechos.
El IEPS, que grava productos como gasolinas, tabaco y bebidas azucaradas, ha sido ajustado anualmente por inflación, manteniendo el compromiso de no aumentar las tasas en términos reales. Sin embargo, en la discusión del Paquete Económico para 2026, la propuesta de incrementar sustancialmente el IEPS a bebidas saborizadas —incluyendo aquellas con edulcorantes no calóricos— y el planteamiento de nuevos gravámenes, como el de los videojuegos, generó críticas inmediatas desde la oposición y el sector privado, que lo catalogaron como un incumplimiento directo de la promesa presidencial.
En octubre de 2025, la Cámara de Diputados, dominada por Morena y aliados, aprobó modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley Federal de Derechos, con incrementos que entrarán en vigor en 2026, pendientes de ratificación en el Senado. Estos cambios no se presentan como «nuevos impuestos», sino como «actualizaciones» o «ajustes», un eufemismo que no oculta su impacto en el bolsillo de los mexicanos.
Entre los aumentos más notorios se encuentra el IEPS a bebidas saborizadas, que pasa de 1.64 a 3.08 pesos por litro, un incremento del 87%. Esto incluye no solo refrescos azucarados, sino también aquellos con edulcorantes no calóricos, afectando productos como aguas saborizadas y sueros orales, que ahora suman 3 pesos adicionales por litro. El argumento oficial es la promoción de la salud pública para combatir la obesidad, pero críticos señalan que ignora el impacto regresivo en hogares de bajos ingresos, donde estas bebidas son accesibles.
Otros sectores afectados incluyen el tabaco y nicotina: cigarros verán un alza del 25%, puros hechos a mano del 5%, y productos con nicotina un drástico 100%, elevando la tasa del 160% al 200%. En el ámbito del entretenimiento, apuestas y sorteos enfrentan un incremento del 67%, mientras que apuestas fuera de México suben 50%. Videojuegos con contenido violento tendrán un 8% adicional, lo que podría encarecer consolas y títulos populares, impactando a la industria del gaming, valorada en miles de millones.
Más allá de los IEPS, la Ley Federal de Derechos introduce alzas en trámites gubernamentales esenciales. Por ejemplo, la revalidación de licencias de vuelo aumenta 19.7%, certificados de aeronavegabilidad 32%, y ampliaciones de helipuertos 27%. En agricultura, certificados fitosanitarios y zoosanitarios costarán 899 pesos cada uno. Incluso el turismo y la cultura se ven afectados: entradas a sitios como Chichén Itzá suben a 104 pesos, Palenque o el Museo de Antropología a 209 pesos, y permisos para turistas a 983 pesos. Formatos para salida de menores al extranjero costarán 294 pesos, y autorizaciones para visitas en embarcaciones 297 pesos.
Estos incrementos, que suman 26 ajustes en total, se estiman en generar ingresos adicionales por miles de millones de pesos, destinados a financiar los programas sociales que han sido clave para el éxito electoral de Morena. En las elecciones de 2024, estos «regalos» —como los llaman opositores— consolidaron el voto en zonas rurales y urbanas marginadas, permitiendo a Claudia Sheinbaum asumir la presidencia. Sin embargo, esta estrategia clientelar plantea riesgos: erosiona la confianza pública al romper promesas, fomenta el mercado negro (como en tabaco), y podría desacelerar el consumo, afectando el PIB.
El análisis de esta coyuntura revela una tensión inevitable: la necesidad estructural de una mayor recaudación para sostener un Estado de Bienestar ampliado choca con una promesa política fundacional. La administración ha optado por una «política fiscal de nicho», aumentando la presión sobre sectores específicos (refrescos, tabaco, juegos) y ajustando derechos, manteniendo el discurso de la «no reforma fiscal» para evitar un alto costo político. Esta estrategia, aunque efectiva en el corto plazo, subraya la falta de una solución estructural a la baja recaudación de México, trasladando el peso del financiamiento de los programas sociales a impuestos indirectos y cuotas, que históricamente son regresivos y afectan proporcionalmente más a los consumidores de bajos y medianos ingresos.
Políticamente, esto refleja un pragmatismo fiscal por encima de la ideología. Morena argumenta que estos son «impuestos al vicio» o «ajustes inflacionarios», pero la oposición (PAN, PRI, MC) denuncia un «saqueo» que contradice el discurso anti-neoliberal. En un México con desigualdad persistente, estos cambios podrían polarizar aún más el debate, fortaleciendo narrativas de «gobierno para los pobres» versus «carga para la clase media». 2026 marcará un punto de inflexión, donde la viabilidad de la «Cuarta Transformación» depende de equilibrar bienestar social con responsabilidad fiscal, sin alienar a su base electoral.
