En un esfuerzo por abordar uno de los problemas más graves que afectan a las sociedades contemporáneas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió recientemente una declaración clave sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este documento, publicado en mayo de 2023, busca clarificar el alcance de las obligaciones de los Estados frente a desapariciones forzadas cometidas tanto por actores estatales como no estatales, así como establecer pautas para combatir este crimen atroz. Para México, un país que enfrenta una crisis profunda de desapariciones, esta declaración representa tanto un llamado urgente a la acción como una oportunidad para fortalecer sus marcos legales y políticas públicas.
El Marco Jurídico Internacional
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define este delito como «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida». Sin embargo, la nueva declaración amplía el debate al incluir a los agentes no estatales, reconociendo que estos también pueden ser responsables de actos que equivalen a desapariciones forzadas bajo ciertas circunstancias.
El Comité enfatiza que cuando los agentes no estatales actúan con la «autorización, el apoyo o la aquiescencia» del Estado, sus acciones entran directamente en el ámbito de la Convención. Esto incluye casos de grupos paramilitares, patrullas civiles, empresas de seguridad privada y organizaciones criminales, siempre que exista algún tipo de vínculo con el Estado. Además, la declaración señala que incluso en ausencia de dicho vínculo, ciertos actos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, tal como establece el derecho penal internacional.
La Situación en México
México es uno de los países más afectados por las desapariciones forzadas, con cifras alarmantes que reflejan la magnitud de la crisis. Según datos presentados ante el Comité, las desapariciones continúan siendo cometidas por agentes públicos de diferentes niveles de gobierno, pero también por la delincuencia organizada, con diversos grados de connivencia, aquiescencia u omisión por parte de servidores públicos. Esta realidad ha llevado al Comité a destacar la necesidad de que México adopte medidas efectivas para investigar, procesar y castigar tanto a los perpetradores directos como a aquellos funcionarios que toleran o facilitan estas prácticas.
Un ejemplo claro de esta problemática es el caso de los grupos criminales dedicados al tráfico de personas, quienes a menudo operan con impunidad debido a la falta de recursos o voluntad política para enfrentarlos. En algunos contextos, estas organizaciones han llegado a ejercer un control efectivo sobre territorios específicos, asumiendo funciones similares a las de un gobierno local. En tales escenarios, las desapariciones cometidas por estos grupos podrían considerarse equivalentes a desapariciones forzadas, especialmente si las autoridades estatales no toman medidas adecuadas para prevenirlas o investigarlas.
Obligaciones de los Estados y Recomendaciones para México
La declaración subraya que los Estados tienen la obligación de investigar y procesar a los responsables de las conductas definidas en la Convención, independientemente de que estas sean obra de agentes estatales o no estatales. Además, deben garantizar el pleno respeto de los derechos de las víctimas, incluidos los niños, y proporcionar mecanismos efectivos de búsqueda y reparación.
Para México, esto implica reforzar sus instituciones encargadas de la investigación y procuración de justicia, así como implementar políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia. Entre las recomendaciones específicas del Comité se encuentran:
1. Fortalecimiento Institucional: Mejorar la capacidad operativa de las fiscalías especializadas en desapariciones y garantizar su independencia frente a presiones políticas o criminales.
2. Protección de Víctimas y Testigos: Implementar programas robustos de protección para familiares de personas desaparecidas y testigos clave, incluyendo medidas de seguridad física y psicológica.
3. Preservación de Pruebas: Asegurar la protección de fosas comunes y otras evidencias relacionadas con desapariciones, lo cual es crucial para avanzar en las investigaciones.
4. Colaboración Internacional: Aprovechar los mecanismos de cooperación regional e internacional para rastrear redes criminales transnacionales involucradas en desapariciones.
5. Transparencia y Rendición de Cuentas: Garantizar que las autoridades responsables de prevenir y sancionar desapariciones rindan cuentas públicamente sobre sus avances y desafíos.
Un Llamado a la Acción
La declaración del Comité contra la Desaparición Forzada no solo es un recordatorio de las obligaciones internacionales de México, sino también una herramienta valiosa para movilizar recursos y voluntades en la lucha contra este flagelo. Las familias de las miles de personas desaparecidas en el país merecen respuestas claras y justicia pronta. Al mismo tiempo, la sociedad mexicana demanda acciones concretas que pongan fin a la impunidad y promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos.
En un contexto marcado por la complejidad de las dinámicas entre agentes estatales y no estatales, la declaración ofrece una hoja de ruta para abordar esta crisis desde múltiples ángulos. Su implementación efectiva dependerá de la voluntad política, la coordinación interinstitucional y el compromiso de todas las partes involucradas. Solo así será posible avanzar hacia un futuro donde las desapariciones forzadas sean una página triste pero superada en la historia de México.
Este es un momento decisivo para el país. La comunidad internacional observa, y las víctimas esperan.
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