En el contexto de la persistente crisis económica en Cuba, marcada por escasez de combustible, inflación y protestas sociales, México surge como un potencial reemplazo de Venezuela en el suministro de petróleo. Bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel, La Habana enfrenta un colapso en sus importaciones energéticas, agravado por las sanciones estadounidenses y la declinación de la producción venezolana bajo Nicolás Maduro. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba indican que el consumo de petróleo ha caído un 20% desde 2020, forzando racionamientos que afectan la movilidad y la generación eléctrica. México, con su estatal Pemex produciendo alrededor de 1.6 millones de barriles diarios en 2025, podría exportar hasta 50,000 barriles diarios a Cuba, según estimaciones de analistas energéticos independientes. Esta asistencia, motivada por afinidades ideológicas entre los gobiernos de izquierda en México y Cuba, representaría un salvavidas temporal para mitigar la crisis humanitaria en la isla, donde el 80% de la población reporta dificultades para acceder a bienes básicos.
Sin embargo, esta dinámica genera polémica al exponer a México a mayores tensiones con Estados Unidos. Bajo la segunda administración de Donald Trump, iniciada en enero de 2025, Washington ha intensificado su política de «presión máxima» contra regímenes alineados con el socialismo, buscando forzar reformas en Cuba que incluyan liberalización económica y mayor apertura política. Trump ha revivido medidas como el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra empresas que operen en propiedades expropiadas, y ha amenazado con sanciones secundarias a aliados de La Habana. Críticos en México, como sectores empresariales y opositores políticos, argumentan que esta ayuda ideológica compromete la soberanía económica nacional, potencialmente desencadenando represalias comerciales que afecten exportaciones mexicanas a EE.UU., valoradas en más de 400 mil millones de dólares anuales. Por ejemplo, en 2025, EE.UU. ya impuso aranceles selectivos a productos mexicanos por disputas migratorias, lo que podría extenderse a temas geopolíticos.
Desde otra perspectiva, defensores de la cooperación México-Cuba destacan su base en principios de solidaridad latinoamericana, alineados con la Doctrina Estrada de no intervención. Organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) respaldan esta postura, argumentando que el aislamiento de Cuba perpetúa la inestabilidad regional sin resolver problemas subyacentes como la corrupción y la ineficiencia estatal en la isla. No obstante, analistas independientes señalan que esta ayuda podría prolongar el statu quo en Cuba, donde la responsabilidad gubernamental por reformas internas es cuestionada. Díaz-Canel ha prometido ajustes económicos, como la expansión de cooperativas privadas, pero opositores internos y en el exilio, como el Movimiento San Isidro, lo acusan de represión para mantener el control.
La polémica se acentúa al considerar impactos a largo plazo. Para Cuba, el petróleo mexicano podría aliviar la crisis inmediata, pero no aborda la dependencia energética crónica ni la necesidad de diversificar fuentes renovables. En México, el costo ideológico podría traducirse en presiones diplomáticas que erosionen alianzas comerciales, especialmente si Trump logra unificar a aliados como Brasil bajo gobiernos conservadores. Expertos en relaciones internacionales, como aquellos del Colegio de México, advierten que esta triangulación podría escalar a un conflicto mayor, donde EE.UU. utilice herramientas como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para disuadir inversiones. En suma, mientras México ofrece un puente temporal, el equilibrio entre solidaridad y pragmatismo geopolítico define un escenario incierto, donde las consecuencias humanitarias y diplomáticas invitan a un debate profundo sobre la autonomía regional frente a influencias externas.
