La extorsión en México alcanzó un nivel histórico alarmante durante los primeros cuatro meses de 2025, con 3,877 casos registrados, la cifra más alta para este periodo desde 2015. Este dato, revelado por TResearch International, enciende las alarmas sobre la creciente inseguridad que padece el país y la aparente ineficacia de las estrategias gubernamentales para contener este flagelo.
Aunque en abril de 2025 se observó una ligera disminución en el número de denuncias (886 extorsiones), en comparación con marzo (1,045) y febrero (1,022), esta baja no minimiza la tendencia ascendente en el acumulado anual, que sigue rompiendo récords. Es una realidad que los mexicanos viven con el temor constante de ser víctimas de este delito, que afecta tanto a grandes empresarios como a pequeños comerciantes y ciudadanos comunes.
El Estado de México se consolida como el epicentro de este problema, liderando la lista de focos rojos con 1,776 casos de extorsión durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Le siguen de cerca Guanajuato (779) y Nuevo León (491), entidades que también muestran un incremento preocupante en la incidencia de este crimen. Estos datos evidencian que la extorsión no es un fenómeno aislado, sino un problema sistémico que ha echado raíces en diversas regiones del país, afectando la estabilidad económica y la tranquilidad de sus habitantes.
La radiografía de TResearch International también arroja luz sobre el panorama sexenal. Durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se acumularon 57,510 extorsiones, lo que equivale a una denuncia cada hora. Esta cifra escalofriante resalta la magnitud del desafío que enfrenta México en materia de seguridad y la urgencia de implementar medidas más contundentes y efectivas para proteger a la ciudadanía. La promesa de «abrazos no balazos» parece haber sido insuficiente para frenar el avance de la delincuencia organizada, que ha encontrado en la extorsión una fuente de ingresos constante y de bajo riesgo.
La extorsión es un delito que lacera el tejido social y económico del país. Las empresas, ante la presión de los criminales, se ven obligadas a cerrar sus puertas o a operar bajo amenazas constantes, lo que se traduce en pérdida de empleos y una desaceleración económica. Los ciudadanos, por su parte, viven con el miedo de recibir una llamada o un mensaje intimidatorio que les exija una suma de dinero a cambio de su seguridad o la de sus seres queridos. La impunidad, uno de los factores que más incentivan este delito, sigue siendo la norma en la mayoría de los casos, desincentivando la denuncia y perpetuando el ciclo de violencia.
Es imperativo que las autoridades asuman con mayor seriedad este problema y diseñen estrategias integrales que incluyan no solo la persecución y castigo de los delincuentes, sino también la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y la atención a las causas estructurales que propician la delincuencia. La ciudadanía mexicana merece vivir en un país donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
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