El 12 de agosto de 2025, el gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, trasladó a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes, incluyendo a figuras de alto perfil como Servando Gómez Martínez, alias «La Tuta», exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta operación, la segunda de su tipo en 2025 tras la entrega de 29 capos en febrero, no siguió el procedimiento formal de extradición, sino que se justificó bajo el argumento de «seguridad nacional», basado en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 constitucional. Esta decisión, coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), responde a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no buscar la pena de muerte para los trasladados.
La acción refleja una estrategia de cooperación bilateral intensificada, en un contexto de presión por parte de la administración de Donald Trump, quien ha priorizado el combate al tráfico de fentanilo y ha amenazado con imponer aranceles del 25% a productos mexicanos si no se intensifican los esfuerzos contra el narcotráfico. La entrega de estos líderes criminales, vinculados a cárteles como el de Sinaloa, CJNG y Los Zetas, parece ser una respuesta directa a estas demandas, en un momento de negociaciones para evitar sanciones económicas. La operación, que involucró a figuras como «La Tuta» y Juan Carlos Félix Gastélum, alias «El Chavo Félix», busca debilitar las estructuras del crimen organizado transnacional, pero también plantea interrogantes sobre la soberanía mexicana y la autonomía de su sistema judicial.
El uso de la «seguridad nacional» como justificación, en lugar de los procesos de extradición tradicionales, ha generado críticas. Expertos señalan que este mecanismo, utilizado también en febrero, podría eludir salvaguardas legales, ya que los procesos de extradición suelen ser dilatados por amparos y decisiones judiciales. El fiscal Alejandro Gertz Manero ha criticado la lentitud del Poder Judicial, argumentando que algunos capos, como los hermanos Treviño Morales de Los Zetas, lograron retrasar su extradición durante años. Esta maniobra legal permite al gobierno mexicano agilizar las entregas, pero también sugiere una posible cesión ante las presiones de Washington.
La Embajada de Estados Unidos celebró la operación como un «hito significativo» en la colaboración bilateral, destacando el liderazgo de Sheinbaum y la determinación de Trump. Sin embargo, algunos analistas ven en estas entregas una «ofrenda» para apaciguar a Trump, en detrimento de la autonomía mexicana. La conferencia de prensa anunciada para el 13 de agosto en la SSPC podría aclarar los detalles de los trasladados y los cargos que enfrentan, que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y delitos violentos.
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