México vive una de las crisis humanitarias más severas de su historia reciente: la desaparición de personas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, hasta el 8 de agosto de 2024 —la última actualización oficial disponible—, el país registra 116,386 personas desaparecidas y no localizadas desde 1950. Esta cifra, que crece día con día, refleja no solo la magnitud de la violencia que azota al país, sino también la incapacidad del Estado para frenar este fenómeno y dar respuestas a miles de familias que buscan a sus seres queridos.
Un problema que trasciende décadas
El RNPDNO, creado en cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de 2017, documenta casos desde 1964. Aunque las desapariciones tienen raíces en la represión política de los años sesenta y setenta, el problema se disparó a partir de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó la llamada «guerra contra el narcotráfico». Desde entonces, la militarización de la seguridad pública y el aumento de la violencia del crimen organizado han convertido a México en un territorio donde desaparecer es una tragedia cotidiana. De los 116,386 casos registrados hasta agosto de 2024, más del 75% —es decir, unos 87,290— corresponden a los últimos 18 años, según un análisis de los datos oficiales.
Los números son abrumadores: 89,121 hombres, 26,749 mujeres y 516 personas sin sexo definido integran el registro. Sin embargo, expertos y organizaciones civiles coinciden en que estas cifras son solo la punta del iceberg. La falta de denuncias, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades sugieren que el total real podría ser mucho mayor. «Las desapariciones diarias son un hecho en México», señala un informe de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP) de 2023, destacando que la ausencia de estadísticas exhaustivas agrava la crisis.
Los estados más afectados
La distribución geográfica de las desapariciones muestra patrones claros de violencia. Jalisco lidera la lista con 14,871 casos, seguido por Tamaulipas (11,971), Estado de México (10,996), Nuevo León (6,222) y Veracruz (5,736), según datos del RNPDNO al corte de mayo de 2023, citados por el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024 de la Red Lupa. Estos cinco estados concentran casi la mitad de los casos a nivel nacional, evidenciando la relación entre la presencia del crimen organizado y las desapariciones. En contraste, entidades como Campeche, Tlaxcala y Yucatán reportan menos de 500 casos cada una, aunque incluso ahí se han observado incrementos recientes.
Un caso particularmente alarmante es el de las mujeres y niñas. De los 26,749 casos de mujeres desaparecidas, el 22% corresponde al rango de 15 a 19 años, lo que apunta a una vulnerabilidad específica en este grupo. Estados como Estado de México, Tamaulipas y Jalisco concentran más del 52% de estos casos, según el mismo informe. La violencia de género, el tráfico de personas y la impunidad son factores que agravan esta tendencia.
Fosas clandestinas y cuerpos sin identificar
Otro indicador de la gravedad del problema es el hallazgo de fosas clandestinas. De acuerdo con la CNB, entre 2006 y diciembre de 2021 se localizaron 4,839 fosas, de las cuales se exhumaron 8,278 cuerpos. Sin embargo, solo 1,136 han sido identificados y 1,019 entregados a sus familias. Esto deja miles de restos en un limbo forense, agravado por la existencia de más de 52,000 cuerpos sin identificar en morgues, fosas comunes y universidades, según estimaciones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. La falta de un banco nacional de datos forenses y de un programa masivo de exhumaciones, prometidos desde 2020, perpetúa esta crisis.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Guerrero en septiembre de 2014, sigue siendo un símbolo de esta tragedia. A más de una década, las investigaciones han revelado colusión entre autoridades y el crimen organizado, pero no han dado justicia plena ni localizado a los jóvenes, lo que refleja la impunidad que rodea a estos crímenes.
El sexenio de López Obrador: promesas incumplidas
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la crisis alcanzó niveles históricos. Según organizaciones como Causa en Común, en este sexenio se reportaron 53,261 desapariciones, un promedio de 26 personas al día. A esto se suman 199,621 muertes violentas, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A pesar de promesas iniciales de atender el problema, como la creación de la CNB y el aumento de su presupuesto —que pasó de 2.5 millones de pesos en 2018 a más de 400 millones en 2023—, los resultados han sido insuficientes. Organizaciones civiles denuncian que el presupuesto no se ejerce completamente y que la búsqueda efectiva recae en las familias.
El abandono se hizo evidente cuando López Obrador rechazó reunirse con colectivos de madres buscadoras en 2023, y su discurso minimizó la gravedad de la crisis. «Estamos trabajando en un censo para que no haya desaparecidos», afirmó en septiembre de 2024, pero los datos contradicen esa narrativa. La impunidad, con un 99% de casos sin resolver según Amnistía Internacional, sigue siendo la norma.
Esfuerzos y desafíos institucionales
La Ley General de 2017 y la creación de la CNB marcaron un avance impulsado por la sociedad civil, pero su implementación ha sido deficiente. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), aprobado en 2020, busca abordar la crisis forense, pero aún no opera a gran escala. Las fiscalías estatales, responsables de investigar, enfrentan problemas de corrupción, falta de capacitación y recursos, lo que deja a las familias —principalmente mujeres— liderando las búsquedas en campo, a menudo sin apoyo ni protección oficial.
Una herida abierta
México es, en palabras del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, «una enorme tumba clandestina». Las 116,386 personas desaparecidas representan no solo una cifra, sino historias de dolor y resistencia. Mientras el crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades alimentan esta tragedia, el Estado no logra garantizar verdad, justicia ni reparación. La llegada de Claudia Sheinbaum al poder en octubre de 2024 genera expectativas, pero su respaldo a la militarización sugiere que el enfoque no cambiará drásticamente.
Para miles de familias, la búsqueda no cesa. Cada día que pasa sin respuestas, la crisis de las desapariciones se consolida como una de las heridas más profundas de la nación, un recordatorio de que en México, desaparecer es una realidad que no distingue sexo, edad ni región.
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