La detención de Nicolás Maduro en 2025 y su posterior juicio en Nueva York han colocado a México en una posición delicada dentro del panorama geopolítico hemisférico. Las acusaciones de la fiscalía estadounidense contra el exlíder venezolano incluyen menciones recurrentes a México, vinculándolo presuntamente a redes de narcotráfico y corrupción que involucran a funcionarios venezolanos y posibles conexiones transfronterizas. Estos señalamientos no solo reviven tensiones históricas entre Washington y Caracas, sino que también implican a México en un entramado de lavado de dinero y tráfico de drogas, según documentos judiciales desclasificados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado públicamente su preocupación, argumentando que tales referencias podrían dañar la imagen internacional de México y complicar sus relaciones diplomáticas.
Desde una perspectiva crítica, las posturas divergen notablemente. Por un lado, defensores de la política exterior mexicana, alineados con el principio de no intervención, sostienen que las acusaciones representan una injerencia estadounidense en asuntos soberanos, potencialmente motivada por intereses electorales de Donald Trump en su segundo mandato. Esta visión resalta el riesgo de que México sea utilizado como chivo expiatorio en la narrativa antiinmigración y antinarcóticos de Trump, exacerbando problemas como la migración irregular y el comercio bilateral. Por otro, críticos internos y analistas internacionales argumentan que ignorar estas conexiones podría erosionar la responsabilidad de México en la lucha contra el crimen organizado, especialmente considerando reportes de inteligencia que sugieren flujos ilícitos a través de la frontera sur mexicana.
La situación se agrava con una nota reciente de The New York Times, que revela temores en círculos oficiales mexicanos ante una posible acción militar unilateral de Estados Unidos. Según el diario, las autoridades mexicanas anticipan que esto otorgaría a Trump mayor poder de negociación en temas como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), con repercusiones económicas devastadoras, incluyendo interrupciones en cadenas de suministro y sanciones indirectas. Este escenario invita a la polémica al cuestionar si México debería priorizar su autonomía o ceder ante presiones para evitar un colapso comercial, un debate que divide a economistas: unos ven en la confrontación un catalizador para diversificar alianzas, mientras otros advierten de recesión inminente.
Añadiendo complejidad, las recientes declaraciones de Trump contra Cuba en Truth Social —»No habrá más petróleo ni dinero para Cuba»— intensifican el dilema para Sheinbaum. Si México persiste en su apoyo al régimen cubano, mediante envíos de petróleo o respaldo diplomático, podría enfrentar retaliaciones estadounidenses, como aranceles o restricciones migratorias. Esta postura trumpista, vista por algunos como un regreso a la Guerra Fría, contrasta con la tradición mexicana de solidaridad con naciones latinoamericanas oprimidas, generando divisiones internas: sectores progresistas defienden el apoyo como principio ético, pero pragmáticos alertan sobre el costo económico, estimado en miles de millones en pérdidas comerciales. En última instancia, este entrelazamiento de eventos obliga a México a navegar un equilibrio precario, donde la defensa de la soberanía choca con imperativos realistas, fomentando un debate público sobre el futuro de su política exterior en un hemisferio polarizado.
