México se aproxima a 2026 con una agenda cargada de desafíos interconectados que podrían definir su trayectoria económica, social y política. Entre los más destacados figuran la persistente inseguridad, la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el alto nivel de empleo informal, el estancado crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inminente reforma electoral. Analistas coinciden en que estos elementos no operan de manera aislada, sino que se entrelazan, potenciando riesgos sistémicos. Según previsiones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el PIB podría crecer apenas 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026, cifras que reflejan una desaceleración atribuible a factores internos y externos.
La inseguridad emerge como un reto primordial, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que registran 33,241 homicidios en 2024, equivalentes a una tasa de 25.6 por cada 100,000 habitantes. Aunque el promedio diario de homicidios dolosos descendió de 86.9 en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las desapariciones alcanzaron niveles récord en 2025, superando años previos. Este doble rostro de la violencia —reducción en homicidios pero alza en extorsiones y desapariciones— genera polémica: críticos argumentan que las estrategias gubernamentales priorizan cifras agregadas sobre impactos locales, mientras defensores destacan avances en delitos de alto impacto. En regiones como Guerrero o Michoacán, la inseguridad no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que disuade inversiones, agravando problemas económicos.
La renegociación del T-MEC, programada para julio de 2026, representa otra amenaza latente. Con la posible influencia de políticas proteccionistas desde Estados Unidos, como aranceles a importaciones chinas que afectan cadenas de suministro mexicanas, el acuerdo podría revisarse en términos de reglas de origen y comercio trilateral. Expertos de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos advierten que cambios abruptos podrían reducir exportaciones, que en 2024 representaron millones de empleos. Esta incertidumbre invita a debates controvertidos: ¿beneficiará a México un endurecimiento de normas para atraer nearshoring, o expondrá vulnerabilidades ante tensiones bilaterales?
En el ámbito laboral, el empleo informal capturó al 55.4% de la fuerza trabajadora en el tercer trimestre de 2025, según el Inegi, un incremento que refleja debilidades estructurales. Esta cifra, que aporta cerca del 25% del PIB, perpetúa precariedad y limita recaudación fiscal, complicando el crecimiento económico. Pronósticos del Banco de México sitúan el PIB en rangos bajos para 2026, entre 1.0% y 2.6%, afectados por inflación persistente y contracción en sectores clave como la construcción.
Finalmente, la reforma electoral, discutida en 2025 y con agenda para 2026 impulsada por Morena, incluye propuestas como voto obligatorio, eliminación de plurinominales y reducción de financiamiento a los partidos. Organismos como el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral defienden la permanencia de órganos locales, pero detractores cuestionan si estos cambios inclinan el terreno a favor del gobierno en turno, alterando equilibrios democráticos. Esta polémica subraya tensiones: ¿fortalecerá la participación ciudadana o concentrará poder?
En síntesis, el mayor reto para 2026 podría residir en la intersección de inseguridad y estancamiento económico, exacerbados por la renegociación del T-MEC y reformas políticas. Una combinación de estos factores podría precipitar crisis, demandando respuestas coordinadas. Sin embargo, oportunidades como el fortalecimiento comercial o auditorías a la informalidad podrían mitigar impactos, siempre que se priorice transparencia y consenso multipartidista.
