Un Gobierno puede contar con amplias facultades y, al mismo tiempo, tener instituciones poco eficaces para ejercerlas. Los textos de esta semana muestran esa tensión desde distintos ángulos. Sabemos que, en materia económica, la confianza de los inversionistas depende menos de la palabra de un gobernante que de instituciones, reglas estables y mecanismos confiables para resolver controversias. Así, por ejemplo, el enorme rezago de expedientes en el sistema de justicia obliga a pensar en los mecanismos alternativos que pueden resolver una proporción importante de casos con menor tiempo y costo. En seguridad ocurre algo parecido: que disminuyan los homicidios mientras aumentan los operativos es una buena noticia, pero no basta para atribuirles causalidad. La política pública necesita evidencia para saber qué funciona y dónde.
En regulación de medios aparece otra dimensión del mismo desafío. Proteger los derechos de las audiencias requiere reglas claras y autoridades capaces, pero también límites que eviten convertir al Gobierno en árbitro de contenidos y opiniones. En todos estos casos, la capacidad pública no se mide por cuánto puede intervenir el Estado, sino por qué tan bien puede hacerlo. Fortalecer instituciones, generar evidencia, abrir espacios de diálogo y establecer límites claros no reduce al gobierno: hace más predecible, legítima y efectiva su actuación.
