El 25 de noviembre, miles de mujeres y hombres se unieron en una manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en distintas ciudades de México. A primera vista, podría parecer un acto predecible dentro de un contexto en el que la lucha por la equidad de género ha tomado más fuerza cada año. Sin embargo, el evento este año se vio envuelto en un ambiente de descontento social más amplio, reflejado en el uso de las mismas vallas de seguridad que fueron implementadas en la Marcha de la Generación Z en 2022. Esta similitud no es casualidad; las vallas simbolizan el temor y la desconfianza de un gobierno que, a pesar de proclamaciones optimistas, no ha logrado resolver problemas fundamentales como la inseguridad ni la violencia de género.
La actual administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado en numerosas ocasiones que el país ha experimentado avances significativos en aspectos como la reducción de la violencia y el aumento de la felicidad en la población.
Declaraciones como «no hay enojo, ni insatisfacción social, hay mucha alegría en la gente» parecen realizarse en un frágil contexto de desprecio hacia las preocupaciones legítimas de la ciudadanía. La discordancia entre el mensaje institucional y la realidad que vive una parte sustancial de la población se hace evidente en las calles y en las marchas.
De hecho, la violencia de género sigue en aumento en México, donde se reportan miles de feminicidios cada año, así como un constante riesgo de agresiones físicas y sexuales. Las estadísticas son desoladoras: de acuerdo con datos recientes, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia, lo que sobrepasa la capacidad del discurso optimista del gobierno. Ante esta alarmante situación, las manifestaciones se convierten en espacios de reflexión y denuncia, donde las participantes expresan su dolor, frustración y, sobre todo, su deseo de justicia.
Cabe mencionar que las vallas de metal y la fuerte presencia policial en estas marchas han sido criticadas por muchas mujeres, quienes argumentan que estas medidas representan una actitud defensiva y represiva por parte de las autoridades, que parece ignorar las reclamaciones legítimas de quienes marchan. La sensación de estar en una especie de campo de batalla al reclamar derechos fundamentales contradice el discurso de una «nueva era de paz y alegría». Si realmente hay que celebrar logros, ¿por qué se necesitan estas medidas de seguridad?
Además, el contexto político en el que se desarrollan estas marchas no puede ser ignorado. En un país donde el enojo y el descontento social han salido a la luz en diversas manifestaciones a lo largo del año, así como en el creciente escepticismo hacia las cifras oficiales de seguridad y bienestar social, la marcha del 25 de noviembre se convierte en un símbolo de resistencia no solo contra la violencia de género, sino también contra un sistema que parece ignorar las voces de sus ciudadanos. La confluencia de diversas luchas sociales en este tipo de protestas muestra que la «alegría» y el «progreso» proclamados por el gobierno son vistos como una ilusión que se desvanece rápidamente ante la realidad de la vida cotidiana.
La necesidad de un cambio de abordaje, centrado en resolver los problemas estructurales que perpetúan la violencia de género y la inseguridad, se hace evidente. Las manifestaciones son una declaración de que, pese a las dificultades, la lucha por la justicia y la igualdad continuará. Este tipo de evento no solo resalta el clamor de mujeres que exigen seguridad y respeto, sino también la necesidad de un debate público más profundo sobre cómo verdaderamente se enfrentan los problemas sociales que afectan a la nación.
En resumen, la tensión entre el discurso oficial y la realidad sobre el terreno ilustra un desajuste que sigue provocando movilizaciones y protestas, no solo en el ámbito de la violencia contra las mujeres, sino en un contexto más amplio de insatisfacción social. Las marchas, por lo tanto, no solo representan una lucha por la eliminación de la violencia, sino también una exigencia de diálogo y solución ante los problemas persistentes que afectan a la sociedad mexicana en su conjunto.
