La experiencia democrática de las últimas décadas en México mostró que ningún diseño institucional es, por sí mismo, garantía de buen gobierno. Sin embargo, tampoco lo son los liderazgos unipersonales y unipartidistas, como nuestro actual régimen.
Algunos de los riesgos de este estilo de gobierno ya se manifiestan. En el ámbito institucional, el debilitamiento del sistema de justicia muestra cómo la concentración de poder, en lugar de fortalecer capacidades, genera incentivos para decisiones rápidas pero frágiles, cuya legitimidad social se resiente con el tiempo.
En el plano presupuestal, la asignación masiva de recursos a proyectos prioritarios definidos desde la cúspide del poder, como los apoyos extraordinarios a Pemex, ha reducido márgenes para áreas clave como salud, seguridad o inversión productiva. Cuando las prioridades dependen de una sola visión, el presupuesto pierde flexibilidad y capacidad de adaptación ante problemas emergentes.
Otros riesgos aún son escenarios, pero no deben ser desdeñados, sobre todo en el contexto de intensa presión desde Estados Unidos en materia de seguridad y comercio. Algo similar ocurre con desafíos de largo plazo, como la baja productividad o la crisis educativa: sin bases institucionales amplias, cualquier impulso depende del empuje momentáneo del liderazgo.
La gobernabilidad sostenible no descansa en liderazgos excepcionales, sino en sistemas e instituciones que permiten corregir errores, distribuir cargas y generar confianza.
