Los desafíos que hoy enfrenta México son consecuencia de años de decisiones inadecuadas de política pública y regulatoria. El arranque de este 2026 lo ilustra con claridad. Los ingresos ya no alcanzan para cubrir compromisos ineludibles como intereses de la deuda, pensiones, transferencias y subsidios. Sin crecimiento económico sostenido, las opciones se reducen a más deuda, más presión recaudatoria o ajustes difíciles.
En el ámbito productivo, regulaciones deficientes y una burocracia desmedida favorecen tanto la existencia de mercados poco competitivos como el incremento de la informalidad. La actual apuesta por la digitalización, aunque necesaria, corre el riesgo —tal como está diseñada— de excluir a quienes carecen de capacidades tecnológicas, como las MiPymes.
El sistema de justicia refleja la misma lógica acumulativa. Las reformas no han atacado los cuellos de botella estructurales: cientos de miles de investigaciones archivadas, baja capacidad de gestión y una infraestructura de datos fragmentada y poco confiable mantienen la muy elevada impunidad.
La experiencia internacional muestra que el liderazgo y la calidad de las políticas sí importan. Países con trayectorias iniciales similares lograron resultados muy distintos según su capacidad para construir reglas claras, contrapesos y consensos. ¿Qué ruta debe tomar México en este año que inicia?
