La cascada de escándalos de corrupción que salpica a funcionarios y figuras clave del partido en el gobierno, Morena, no es una «campaña mediática» como ha sugerido la cúpula, sino una imparable ola de hechos contundentes. Reportes e investigaciones periodísticas recientes revelan una trama de enriquecimiento inexplicable, uso indebido de recursos públicos y vínculos con redes criminales que contradicen el discurso de austeridad.
Pero desde liderazgos de Morena se insiste en que se trata de una campaña de desprestigio orquestada desde la oposición, aunque todos los datos que se han presentado tan sólo en la semana anterior son ciertos y tienen sustento en información oficial.
El caso más grave y que encabeza la lista es el monumental contrabando de combustibles, conocido como «huachicol fiscal», que ha generado un perjuicio al Estado mexicano estimado en unos 600 mil millones de pesos. Esta operación no podría haberse llevado a cabo sin una estructura sofisticada de lavado de dinero y la creación de empresas fachada desde el propio poder. En este contexto, se descubrieron inversiones millonarias y compras de propiedades que exceden por mucho los ingresos legítimos de los vicealmirantes Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos de un exsecretario de Marina, evidenciando el lujo producto de este negocio ilícito.
Esta red de corrupción también se conecta directamente con la estructura criminal conocida como “La Barredora”, que operaba en Tabasco y ha llevado a la expulsión de personajes como Hernán Bermúdez Requena. Las investigaciones señalan que la red trasciende el ámbito local, involucrando a políticos de alto nivel, entre ellos el senador Adán Augusto López Hernández, quien ha reportado ingresos privados cuestionables por varios millones de pesos y ha sido señalado por su relación con el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, cuyos hijos llevan una vida de opulencia en Miami mientras su estado padece una profunda crisis de seguridad.
De este último exmandatario, se ha revelado la remodelación de su casa en Chiapas y que es dueño de varias obras de arte con un costo de varios millones de pesos.
La presunta corrupción no se limita a grandes esquemas financieros, sino que exhibe un patrón de frivolidad y opulencia. Figuras como Gerardo Fernández Noroña han sido captadas viajando en aviones privados, registrando un gasto inexplicable para un legislador que promueve la austeridad, o como el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien fue señalado por utilizar un avión particular prestado para viajes familiares, ocultando la información a la ciudadanía.
El enriquecimiento inexplicable alcanza incluso a las esferas familiares del anterior presidente: se documentó que Andy López Beltrán compró una pieza de arte de la reconocida artista Yayoi Kusama por un precio considerablemente bajo para su valor real de mercado. A este panorama se suman casos de desfalcos directos a instituciones, como el de la exdirectora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, denunciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un faltante de más de 57 millones de pesos, al tiempo que su hija presumía un lujoso estudio construido en la casa materna.
Finalmente, el historial de exigir «moches» a los trabajadores resuena en varios puntos del partido: desde las denuncias contra Rocío García Pérez en el DIF federal, por pedir una parte del salario de sus subordinados, hasta el caso documentado contra la actual gobernadora Delfina Gómez durante su gestión en Texcoco.
La promesa de combatir la corrupción, la principal bandera del movimiento, se desvanece ante esta ola de revelaciones. La ciudadanía, que alguna vez confió en un cambio, observa ahora cómo la opacidad y los excesos se han enquistado en la nueva cúpula política, demostrando que la lucha contra este flagelo está lejos de terminar.
