Lo que nos faltaba, ante la omisión de los gobiernos municipal, estatal y federal en materia de seguridad pública, con la inepta estrategia de «abrazos no balazos», es el crimen organizado el que está garantizando la tranquilidad de los ciudadanos, incluso poniendo a disposición de la población un número telefónico para que hagan denuncias.
Esto sucedió en Durango, en donde a través de volantes, el grupo que se identifica con las siglas MZ/MF, vinculados con el Mayo Zambada –de ahí las dos primeras siglas–, asegura que pueden abrir sus negocios con normalidad y que no habrá cobro de piso, además de proporcionar un número telefónico para denunciar cualquier delito local.
No es la primera vez que un cártel del narcotráfico se dirige directamente a la población, ya sea para deslindarse de algún bloqueo o actos de violencia, para asegurar que no trafican con alguna droga –como fue el caso de los Chapitos en Sinaloa con el fentanilo–, o para informar que no van a permitir la comisión de ciertos delitos en su zona de influencia.
¿Y los gobiernos municipal, estatal y federal? Esperando a que –como lo dijo el responsable de la Tercera Región Militar, general general Francisco Jesús Leana Ojeda (quien ya fue relevado del cargo)– la tranquilidad en Sinaloa sea garantizada por los grupos criminales, ya que no depende de las Fuerzas Armadas, como reconoció el militar.
De hecho, el expresidente López Obrador señaló en varias ocasiones que no es su culpa y que es parte de la herencia que le dejaron –algo que no pudo corregir en seis años de gobierno– y que la culpa es de los grupos criminales, exculpando su responsabilidad de garantizar la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía.
Pero los grupos criminales parecen haberle tomado la palabra y empiezan a ocupar el espacio dejado por los gobierno, lo que representa un nuevo reto para la nueva presidenta y su recién presentada estrategia de seguridad.
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