México atraviesa un momento de disrupciones múltiples que se entrecruzan y se potencian: una externa, proveniente del retorno de Donald Trump, y otra interna, encabezada por Morena. Ambos procesos alteran el orden institucional y generan incertidumbre: Trump desafía el orden económico regional, mientras Morena concentra poder y erosiona contrapesos, aunque paradójicamente se beneficia de la radicalidad del expresidente estadounidense para proyectar moderación.
En este entorno incierto, el país necesita instituciones fuertes y reformas sensatas. La propuesta de Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, apunta en esa dirección, pero su diseño actual —sin análisis de impacto regulatorio ni participación ciudadana— pone en riesgo compromisos del T-MEC y la confianza de inversionistas, justo cuando se acerca la revisión del tratado en 2025.
A ello se suma una tercera disrupción, más silenciosa pero letal: la territorial, provocada por el crimen organizado. Como muestra el caso reciente en Sinaloa, donde el CJNG avanzó tras pactar con Los Chapos. La debilidad del Estado en seguridad e inteligencia permite que la violencia se reorganice y expanda. Estas tres fracturas —institucional, económica y criminal— se desarrollan en paralelo y sin estrategia común, comprometiendo la estabilidad y la gobernabilidad del país.
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