México huele a miedo. Pero no al miedo del pueblo, sino al miedo del poder. Un poder que ya no gobierna: administra el caos, reparte culpas, fabrica enemigos y —cuando todo se le cae encima— inventa una tragedia nueva para distraer al país.
La muerte del alcalde Carlos Manzo, ejecutado en público, frente a su gente, en un evento oficial y con escoltas federales a su alrededor, no es un hecho aislado. Es una señal. Una señal de que el Estado mexicano ha dejado de garantizar lo más básico: la vida.
La pregunta es inevitable: ¿dónde estaban los guardias, los servicios de inteligencia, las cámaras, los retenes? ¿Cómo puede un sicario acercarse tanto a un presidente municipal bajo vigilancia de la Guardia Nacional?
No fue un descuido. Fue un mensaje, un mensaje de impunidad, de sumisión… o peor aún, de colusión.
Mientras Michoacán arde y los alcaldes caen a plena luz del día, el poder se mueve en otra dirección. No para resolver, sino para distraer, su fórmula es conocida: un “atentado”, una “amenaza”, un “complot” contra el líder o la lideresa. La política convertida en espectáculo. El viejo recurso de los regímenes que ya no pueden controlar la realidad: fabricar una narrativa que la sustituya.
Y cuando la violencia los rebasa, inventan una crisis alternativa.
Un conflicto diplomático con Perú.
Un pleito con Estados Unidos.
Una conspiración extranjera.
Cualquier cosa sirve, mientras el país deje de mirar lo evidente: que el Estado ha perdido el control.
Hoy, mientras México se desangra, el discurso oficial se refugia en palabras grandilocuentes: soberanía, ataques al movimiento, enemigos del pueblo.
Pero fuera del discurso no hay control territorial, no hay seguridad, no hay justicia. Hay regiones enteras donde la ley es un recuerdo y la autoridad, una ficción. Y en ese vacío, el poder encuentra su última herramienta: el miedo, no el miedo que paraliza al criminal, sino el miedo que moviliza políticamente.
No es nuevo. Lo hemos visto antes. Cuando el poder pierde legitimidad, necesita emoción. Y no hay emoción más poderosa que el miedo.
Un atentado —real o conveniente— transforma al gobernante en víctima, la crítica se suspende, la oposición se vuelve sospechosa y el país entero es llamado a cerrar filas.
Y así, en medio del ruido, el poder se recompone, no resolviendo el problema… sino administrando la percepción.
En México, la frontera entre el crimen y el poder ya no se puede distinguir.
Uno dispara. El otro encubre.
Uno ejecuta. El otro explica.
Uno mata. El otro construye el relato.
Y entre ambos, el ciudadano queda atrapado.
Porque el crimen organizado no solo es enemigo: también es funcional. Sirve para justificarlo todo.
¿Fracaso del Estado? No: “ataque al Estado”.
¿Corrupción? No: “guerra sucia”.
¿Impunidad? No: “venganza política”.
La realidad se disuelve en narrativa.
Hay una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿Y si el supuesto atentado no es más que parte del espectáculo? ¿Y si la balacera, el susto o la amenaza forman parte del guion? ¿Y si lo que vemos no es un ataque… sino una puesta en escena?
En un país donde alcaldes son asesinados frente a cámaras y gobernadores negocian con criminales, cualquier cosa es posible. Incluso la simulación.
México ha dejado de ser gobernado para ser administrado emocionalmente. Aquí el poder no se ejerce con resultados, sino con discursos, no se construye autoridad: se fabrica percepción.
Cada crisis se convierte en oportunidad para desviar la atención.
Cada tragedia en argumento político.
Cada muerto en estadística… o en silencio.
Y mientras tanto, el país real —el de los desaparecidos, el de las fosas, el de las familias rotas— queda fuera del discurso.
México no necesita otro drama oficial. No necesita otro líder convertido en víctima. No necesita otro enemigo inventado.
Necesita verdad, justicia, responsabilidad.
Y, sobre todo, necesita que alguien diga en voz alta lo que muchos piensan en silencio:
Si el gobierno quiere hacernos creer que vive bajo ataque, que empiece por explicar por qué los únicos que mueren son los ciudadanos… y no los culpables.
