México enfrenta una de las crisis humanitarias más complejas y prolongadas de su historia moderna: la desaparición de personas. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultados por TResearch, desde 1988 se han reportado 113,413 casos de desapariciones no localizadas en el país. Sin embargo, lo alarmante es que casi la mitad de estos casos —un 46%— ocurrieron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Este fenómeno no solo refleja la magnitud del problema, sino también su creciente aceleración.
El análisis realizado por TResearch revela que, en los primeros seis meses del actual sexenio encabezado por Claudia Sheinbaum, las cifras continúan siendo preocupantes. En promedio, se reportan más de 1,200 desapariciones mensuales, lo que significa un total acumulado de 8,168 casos entre octubre de 2024 y abril de 2025. Este dato cobra relevancia cuando se compara con periodos anteriores, evidenciando que la tendencia al alza observada en años recientes no ha logrado revertirse.
Perfiles y Contexto
Uno de los hallazgos más impactantes del estudio es la marcada diferencia de género en las estadísticas. El 70% de las personas desaparecidas y no localizadas son hombres, mientras que el 30% son mujeres. Esto representa un total de 2,418 mujeres desaparecidas en lo que va del sexenio de Sheinbaum. Aunque las cifras muestran una mayor incidencia entre hombres, las desapariciones de mujeres están estrechamente vinculadas a otras problemáticas graves como la trata de personas, violencia de género y feminicidios, convirtiendo este tema en una prioridad para las autoridades.
Por entidad federativa, la distribución geográfica de los casos arroja patrones significativos. Los estados con mayor número de desapariciones no resueltas son la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (EdoMex), Puebla (PUE) y Sinaloa (SIN). Estas cuatro entidades concentran gran parte de los reportes, destacando que tanto EdoMex como CDMX superan ya las 1,000 desapariciones sin resolver en el actual sexenio.
Históricamente, Jalisco ha sido uno de los estados más afectados. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), esta entidad registró más de 5,340 desapariciones, mientras que en el gobierno de López Obrador alcanzó casi 7,000 casos. Esta persistencia señala una posible correlación entre zonas geográficas y actividades criminales organizadas, aunque las autoridades aún deben profundizar en investigaciones que permitan identificar las causas subyacentes.
La Herencia de Sexenios Pasados
Al revisar las cifras históricas, queda claro que la crisis de desapariciones no es un fenómeno reciente. Durante el sexenio de Felipe Calderón (FCH), conocido por el inicio de la llamada «guerra contra el narcotráfico», se documentaron 17,054 casos no localizados, liderados principalmente por Tamaulipas y Coahuila. Asimismo, en el periodo de Vicente Fox (VFQ), aunque las cifras eran menores, algunas entidades como Jalisco ya mostraban signos preocupantes.
Lo más inquietante es que cada administración federal ha heredado y dejado atrás un número creciente de casos sin resolver. Por ejemplo, durante el sexenio de EPN, las desapariciones sumaron 34,557, mientras que bajo AMLO ascendieron a 52,575. Estos números indican que, pese a cambios políticos y estrategias gubernamentales, las estructuras detrás de las desapariciones siguen operando prácticamente impunes.
Retos Futuros
El documento de TResearch enfatiza que la falta de capacidad institucional para localizar a las víctimas sigue siendo uno de los principales obstáculos. Además, existen retos relacionados con la recolección y sistematización de datos, así como con la coordinación entre gobiernos estatales y federales. Organismos civiles han criticado repetidamente la lentitud en las investigaciones y la ausencia de protocolos efectivos para atender estas emergencias.
En conclusión, las cifras presentadas por TResearch exponen una realidad dolorosa e ineludible: México vive una crisis de desapariciones que trasciende gobiernos y sexenios. Para revertir esta tendencia, será necesario implementar políticas públicas integrales que aborden tanto las causas estructurales del problema como las consecuencias sociales y familiares que deja a su paso. Mientras tanto, miles de familias continúan buscando respuestas y esperando justicia en medio de una incertidumbre devastadora.
